“La campaña contra el pago del peaje fue brutal”. Lo dice un trabajador con varios lustros de cabina a sus espaldas y que, junto con otros 135 compañeros, se queda en la calle por la liberalización de los dos tramos de autopistas de la AP-4 (Cádiz-Sevilla) y la AP-7 (Tarragona-Valencia-Alicante). “Hemos estado demasiado expuestos”, asegura, y lamenta que el colectivo haya sido blanco de la frustración y de las protestas de los conductores. “Me han escupido, hemos sufrido agresiones”. Sin embargo, la empresa nunca se ha preocupado de las quejas suscitadas por el coste impopular de levantar la barrera. Ni tan siquiera lo ha hecho cuando han arreciado, especialmente en los últimos años. “Los empleados hemos proyectado una mala imagen social porque Aumar jamás ha contado la importante labor de seguridad vial y mantenimiento que se ha llevado a cabo con los ingresos”, confirma al otro lado del teléfono.
Es cierto que a este lado de la valla no prendió el movimiento Yo no pago, que sí movilizó a centenares de conductores en Cataluña en el año 2012. La iniciativa ciudadana, impulsada por la plataforma cívica Basta de Peajes, planteó negarse a abonar el importe coincidiendo con el Día del Trabajador en varias salidas a Cataluña por el agravio comparativo que sufrían con respecto al resto del Estado. Hubo colas kilométricas. Pero en 2016, el vídeo de un joven de El Puerto en la AP-4 se hizo viral. Esta misma semana, tres años después, Youtube registraba más de 700.000 reproducciones y su desafortunado “Mira, que no quiero pagar, guapa, hágame el favor de abrirme el palo” sumaba unos 7.200 me gusta. Se generó un debate social sin parangón, pero las multas acabaron con el conato reivindicativo. Los trabajadores de la AP-4 eran, en cualquier caso, la resistencia.
Abertis pactó en 2012 recortar 400 empleos en las autopistas. El ajuste, que se llevó en tres años, afectó a 495 empleados, casi el 17% de la plantilla en toda España. Fuentes del sector confirmaron entonces que este primer Expediente de Regulación de Empleo (ERE) se llevaría a cabo por la modernización y automatización de los servicios de pago. De hecho, la firma tenía previsto entonces invertir en torno a los 30 millones de euros en la renovación del sistema para contar con una misma máquina para tarjeta, efectivo y Vía-T. Ahora, el fin de los peajes de la AP-7 (Tarragona-Valencia-Alicante) y Cádiz-Sevilla afectará a 136, cuatro menos de los incluidos inicialmente en la memoria del ERE.
Pero no hay acuerdo. Si en 2012 la empresa ofrecía a los trabajadores la posibilidad de acogerse a bajas voluntarias, en esta ocasión no lo hace. De hecho, no se han tenido en cuenta unas 25 solicitudes de adhesión de empleados mayores, cercanos a la jubilación. La edad media de los despedidos está en los 40,2 años. El 95% de ellos es personal de cabina, solo el 5% restante es de tareas complementarias. Tampoco hay acuerdo respecto a las compensaciones y una docena de trabajadores quedan en limbo porque la empresa no los ha includo en el ERE ni el Ministerio de Fomento, por su parte, los considera subrogables. “Nos queda un mal sabor de boca”, reconoce el empleado, al tiempo que advierte de que en realidad están en riesgo los 4.500 puestos de trabajo directos que genera el sector. En noviembre, el Ministerio de Fomento inició la tramitación de la conversión de las autopistas AP-2 y AP-7 en autovías, de manera que también se pondrá fin a los peajes una vez concluya las actuales concesiones, previstas para el 31 de agosto de 2021. En este caso, señala, son 800 los empleos. Hace un año, la AP-1, entre Burgos y Armiñón, se convirtió en la primera vía de pago construida por el Estado en régimen de concesión que llegaba al final del contrato posterior de explotación. También tuvo un coste laboral: la empresa encargada de su explotación, Itínere, pagó un total de 3,3 millones de euros en el ERE para 42 empleados.
Aún está por ver el resultado de la supresión de los peajes. “El pago por uso está aún sobre la mesa”, recuerda el trabajador. Efectivamente, el Gobierno de Pedro Sánchez, busca aún un “nuevo modelo de financiación sostenible para la red viaria española” con fórmulas como aplicar el pago por uso en autovías de manera simbólica, tal y como apuntó el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, este verano. Incluso se ha apuntado al modelo austriaco, vigente en otros ocho países, que permite recorrer las autovías sin límite de viajes a cambio de la adquisición de una viñeta colocada en el parabrisas con un pago único. Se mantenga o no la gratuidad finalmente, el paisaje va a cambiar definitivamente en las próximas semanas: los contratos de emergencia encargados por el Ministerio a FCC, Sacyr y API para el mantenimiento de los dos tramos de la autopista liberados incluyen los trabajos de demolición de las playas y casetas de peaje. A partir del 1 de enero, 46 años después, serán historia.
