José Antonio López Esteras puede estar horas hablando del concurso de Jale, el emporio gaditano dedicado a la construcción, negocios inmobiliarios y turísticos que, una vez iniciado el tortuoso procedimiento, no pudo evitar la quiebra y el espolio y el despido de un millar de empleados directos en 2008. Se expresa con aplomo, pero con la fluidez arroyadora de un torrente caudaloso. Le asiste la razón, sostiene, y se prodiga en datos y fechas (día, mes, año), remarca que el grupo era solvente y lamenta los errores cometidos, con un discurso bien compuesto, sin fisuras, sencillo y contundente. Ironiza sobre su mala ventura. Sonríe. Bromea con su edad, 80 años recién cumplidos. Abre los ojos mucho e inclina ligeramente la cabeza hacia atrás para subrayar las ideas.
Pero esta vez es distinto a las otras veces que se ha sentado frente a una cámara o ha respondido a las preguntas de un periodista. En esta ocasión, José Antonio López Esteras vacila. Se interrumpe. Su mirada se torna vidriosa. Por primera vez. La alegría inmensa de haber recuperado el honor le emociona. No puede evitarlo ni quiere. La sentencia firmada por la juez Susana Martínez del Toro hace unos días desestima las peticiones del Ministerio Fiscal y la Administración Concursal y determina que el concurso voluntario de acreedores presentado en 2008 fue fortuito y no obedeció a una estrategia dolosa de sus propietarios y gestores. “Al día siguiente de conocer el fallo -relata- se lo comuniqué a mis hijos y les dije: ‘Hijos, no tengáis miedo, no somos culpables”. Sus hijos, miembros del consejo de administración que presidía López Esteras, no lo han pasado bien. La salud se ha resentido. Su padre lo confiesa con un deje de amargura y resignación. Pero se recompone inmediatamente. “Cuando se lo comenté a un empresario de aquí, de El Puerto, se sorprendió porque me aseguró que todos pensaban que era un concurso fraudulento. Esto era lo que había en la mente de mucha gente”, lamenta. La magistrada no deja lugar a la duda, sin embargo: “No se ha acreditado que hubiera un carácter fraudulento en los traspasos que hubo entre las empresas del grupo antes de la solicitud del concurso”, en especial entre Inmobiliaria Amuerga SL y Jale Construcciones, porque con ellos no se favoreció ni a una ni a otra, dado que todas han acabado en liquidación.
“No me importa el dinero. Siempre he mantenido que prefiero honra sin barcos, como dijo el contraalmirante Méndez Núñez, que barcos sin honra. Nunca he metido la mano. Nunca. He tardado ocho años en conseguir una licencia, pero nunca he pasado un maletín. Nunca”, declara con gesto grave. E insiste: “En 2006 me concedieron un crédito de 600.000 euros para Inverluna, la empresa matriz del grupo, y cuando presenté el concurso había 480.000 euros en cuenta que no retiré. Y podría habérmelo llevado para mantener a mi familia, pero no lo hice”. La honradez, la fe ciega en Dios, la Justicia y el sentido común han sido sus asideros en estos años. Ahora, al fin, ve esperanza. Se le puede dar la vuelta al concurso. Sus abogados creen en él. Y no siempre ha sido así.
“Es importante que los acreedores se unan, que reclamen en el juzgado mercantil todo lo que se les adeuda, -aconseja, apelando a lo dictado por la juez- es lo que les pertenece, es suyo. Y lo poquito o mucho que quede, para la familia. Pero primero, los acreedores”. López Esteras asegura que la sentencia también abre las puertas para seguir investigando dónde están los inmuebles propiedad del grupo.
En este punto, acusa a “la torticera actuación de los administradores concursales del cierre del grupo empresarial, con presencia en media España” y con 4.500 trabajadores vinculadas incluyendo los empleos indirectos. Incosol en Marbella; Duques de Medinaceli, Las Beatillas y Monasterio San Miguel en El Puerto; el Palacete Mirador de Córdoba. Los tres primeros administradores concursales, rememora, estuvieron facturando cada uno 90.000 euros al mes mientras que le pagaban a los trabajadores 300 euros. “Fueron despedidos, aunque no fulminantemente... ¡después de tres años!”, exclama. Las multinacionales Entonces vinieron las multinacionales: Ernst&Young, PricewaterhouseCoopers (PwC) y Banco Santander. La entidad bancaria, afirma, nunca se ha reunido con los administrados. Contra PwC presentó una denuncia por apropiación indebida ante la Fiscalía Anticorrupción por considerar que la empresa ocultó al juzgado su condición de auditora de Banco Andalucía y Banco Popular, que estuvieron usando sociedades de Grupo Jale, mediante la constitución de Jale Promobys SL, Inmobiliaria Amuerga y Promobys SL, para llevar a cabo inversiones por 400 millones de euros y avalar créditos. Finalmente, señala que Ernst&Young “ha luchado con todo esfuerzo para conseguir que la propuesta de convenio en el concurso de Abengoa fuera aprobada con una quita del 95%”. Sin embargo, el mismo Ernst&Young permitió que la propuesta de convenio de acreedores de Grupo Jale fuera secuestrada para frustrar el convenio.
“Como el juzgado abrió un nuevo plazo para presentar más propuestas, incongruentemente e incumpliendo la Ley Concursal, las tres multinacionales se opusieron a la nueva propuesta de convenio de acreedores que propuse”, explica. Todo podría haber estado resuelto porque el grupo tenía inmuebles valorados en 920 millones de euros. Solo con parte de ellos se habría satisfecho los créditos a los acreedores. Los 600 millones restantes habrían servido para, como establece la Ley Concursal, mantener la actividad de la empresa. López Esteras indica, por otra parte, que continúa igualmente la reclamación patrimonial interpuesta por este caso al Ministerio de Justicia por la “disfunción judicial” a la que ha estado sometido durante tan largos años. “Ya han pasado siete jueces por el juzgado y esto tampoco es manera de aplicar la ley”, se queja. Lo cierto es que el tránsito por el purgatorio dura demasiado. Más de doce años.
La solicitud del concurso, recomendado en mala hora por Antonio Garrigues Walker, bufete que asesoraba entonces al empresario, después de que Caixa Cataluya devolviera un pagaré de 23 millones de euros, se firmó solo en 8 horas. “No solo hace falta tener razón, sino que te la den”, agrega, por lo que dedica varias horas al día a preparar documentación y defender en el juzgado su versión. “Nadie se ha querellado conmigo. Cuando alguien presenta una denuncia falsa, lo normal es que te pongan un contra querella. Nadie lo ha hecho. Estoy diciendo verdades”. Extiende su dedo hacia la sentencia. “¿Estoy diciendo verdades o no?”, pregunta con una beatífica sonrisa.
