Una nieta del presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín ha interpuesto ante el Tribunal Supremo una querella por prevaricación contra los magistrados de la Audiencia Nacional que votaron a favor de paralizar las exhumaciones de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo.
Así, la querella va dirigida contra los diez miembros de la Sala de lo Penal de ese tribunal que se pronunciaron a favor de estimar la petición en este sentido de la Fiscalía.
En el escrito registrado en el Alto Tribunal, Carmen Negrín alega que el pasado día 7 los querellados dictaron, a sabiendas, una resolución injusta que supone la paralización de la investigación iniciada por el juez Baltasar Garzón, que considera que las desapariciones durante ese periodo deben considerarse como crímenes contra la Humanidad.
Negrín señala que, a pesar de las advertencias de otros cinco magistrados, la mayoría del pleno de la Sala de lo Penal aceptó una petición del fiscal presentada al margen del procedimiento y sin interponer previo recurso contra las providencias que autorizaban la apertura de fosas.
La querellante señala asimismo que no se recabó la opinión del resto de las partes personadas en la causa y que no hicieron caso a los cinco magistrados discrepantes, que recordaron que la ley impide a un tribunal “corregir la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico hecha por sus inferiores” salvo cuando resuelvan un recurso.
Para la nieta de Negrín, los querellados “han tergiversado los hechos de la causa y se han apartado gravemente de la ley, causando daño a las víctimas”.
Los magistrados querellados son Javier Gómez Bermúdez, Alfonso Guevara, Fernando García Nicolás, Ángela Murillo, Guillermo Ruiz Polanco, Ángel Hurtado, Paloma González, Julio de Diego, Juan Francisco Martel y Nicolás Poveda.
La querella también se dirige contra el fiscal que presentó la petición de paralizar las exhumaciones, del que Negrín asegura desconocer la identidad.
