Dice, como si pensara en voz alta, que a sus 68 años, cuando termine esta legislatura como subdelegado del Gobierno de España en Jaén, le gustaría descansar y tener más tiempo para sus aficiones, para su familia. Sin embargo, añade que está a disposición de su partido y no se pronuncia sobre la posibilidad de ser senador. Juan Bautista Lillo Gallego, natural de Mengíbar, pero estrechamente ligado a Linares, de donde fue alcalde, la mayor parte de su vida se define como un político ‘amateur’ y quizá sea por esa razón por la que su discurso a veces se separa del políticamente correcto para caminar por el filo de la navaja. De hecho, no se muerde la lengua para mostrar su preocupación por la economía sumergida, que cifra entre un 25 y un 30 por ciento tanto en España como en Jaén. “Hay pueblos en los que el 60 por ciento de sus vecinos vive de las prestaciones (ayudas, paro, pensiones) y el 40 por ciento restante trabaja de uno a tres meses en la aceituna”, afirma. Esa situación, además de preocuparle, considera que no se ajusta fielmente a la realidad.
Para el subdelegado del Gobierno un elevado porcentaje de las personas que constan como paradas desarrollan trabajos que no se declaran. En ese sentido, como funcionario de la compañía eléctrica Sevillana durante muchos años y profesor titular de Escuela Universitaria, del área de Ingeniería Eléctrica, alude a que ni los índices de consumo industriales ni los valores del PIB en la provincia han caído tanto como ha subido el empleo, precisamente por esa economía sumergida. Por ello, este año y ante los datos de que un 40 por ciento de los empleos de la pasada campaña de la aceituna no se declararon, Juan Lillo anunció un endurecimiento de las inspecciones de trabajo en el campo y en las cooperativas, pero reconoce que con ocho inspectores no se puede estar en todos sitios. “Es más una medida disuasoria”, y añade: “Son los trabajadores y los empresarios los que están provocando esa situación”.
Sobre la Política Agraria Comunitaria difiere de los discursos catastrofistas y ni siquiera habla de la pérdida para Jaén del ocho por ciento de ayudas, ya que mantiene que habrá que hacer el balance transcurridos los seis años de esta PAC. No por ello, Lillo sí manifiesta que se ha perdido una oportunidad ya que en estos años, los agricultures no han sabido aprovechar el dinero de la PAC, porque no se ha invertido. Sobre las ayudas al olivar en pendiente, que podrían recuperarse ahora, mantiene el subdelegado del Gobierno que se está dibujando una situación que no se ajusta a la realidad, ya que este olivar es muchas veces más productivo que el resto.
Sobre la petición de rebajar las peonadas necesarias para solicitar las ayudas debido a la baja cosecha de este año, Lillo se zafa del asunto: “Yo solo soy el representante del Gobierno de España en Jaén. El Ministerio hará lo que tenga que hacer y estoy seguro que como hace dos años será sensible a la situación actual”.
Presupuestos
Defiende el subdelegado también los Presupuestos Generales del Estado para Jaén y destaca la apuesta firme por la A-32, por la Alta Velocidad, o por la presa de Siles, que asegura que podría inaugurarse antes de finales de año. Dice no sonrojarse como político por el hecho de que las partidas lleven décadas repitiéndose en los presupuestos y defiende con vehemencia las inversiones del Gobierno de España: “El ferrocarril estaba abandonado hasta que llegó el PP”. Con menos entusiasmo explica porqué no se han ejecutado las partidas para la techumbre de la Catedral de Jaén en los últimos tres años y alude a que el año pasado los 100.000 euros no se ejecutaron porque finalmente el proyecto se elevó hasta los 140.000 euros. Por lo que sí se siente dolido el subdelegado del Gobierno es por la falta de interés a las ayudas a la reindustrialización que cada año presupuesta el Gobierno de España con partidas especiales para Jaén, Teruel y Soria. “Este año de los nueve millones que había destinados para Jaén solo se han solicitado 2’6 millones”, lamenta Lillo a la vez que culpa a la iniciativa empresarial de Jaén de desaprovechar año tras año esta oportunidad. En cuanto a los delitos y las faltas y los índices de criminalidad en la provincia, Lillo ensalza el trabajo que realiza el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil y recuerda que este año se ha vuelto a rebajar un cuatro por ciento, “algo muy difícil cuando se parte de niveles tan bajos como los que hay en Jaén”. Destaca también el aumento en la resolución de casos, que supera ya el 50 por ciento, por encima de la media nacional y andaluza. Sin embargo, sobre las muertes violentas sin resolver, como es el caso de la anciana de Peñamefécit o del caso de la Avenida de las Cruces, el subdelegado pone el foco en la Justicia, defiende el trabajo de los agentes y apostilla con que “la Justicia española es muy garantista”.
Puentes
Uno de los principales problemas con los que se ha encontrado el subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Juan Lillo, ha sido con la regularización de las viviendas de ‘Los Puentes’, ya que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que vuelve a depender del Gobierno central, ha sido la encargada de elaborar un mapa de inundabilidad para determinar qué viviendas están dentro o fuera de ordenación. Lillo defiende que el trabajo se ha hecho a conciencia y que las únicas casas que no se podrán legalizar serán “las que están dentro del dominio público”. De este modo las cifra en unas 900. Sin embargo, Lillo deja entrever que eso no quiere decir que se vayan a derribar. “No se podrán legalizar”, insiste, para luego añadir: “Habrá que ver quién da la orden de que se derriben esas casas. ¿Qué alcalde de la ciudad será capaz de hacerlo?”. De este modo, Lillo presenta un futuro en el que posiblemente, convivan aquellas viviendas que si puedan ser legalizadas, con otras que seguirán, como hasta el momento, en un limbo jurídico.
Por otra parte, respecto a las dificultades que atraviesan muchas familias para afrontar sus facturas de electricidad, sobre todo en esta época del año, por lo que se ha denominado pobreza energética, el subdelegado del Gobierno, funcionario de Endesa, considera que se trata de una situación muy complicada y señala a la Junta de Andalucía, ya que el consumo es competencia suya. En cualquier caso exculpa a las eléctricas, de las que dice que no son las que cobran a los ciudadanos y plantea la posiblidad de que la administración autonómica sea la que articule, tal vez, un periodo de carencia, sobre todo en esta época del año. Por último, en cuanto a la polémica generada sobre todo entre los ciudadanos de La Loma por la práctica del fracking, una técnica para aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo a través de la inyección de agua, Lillo asegura que en la provincia de Jaén no se está practicando y que no se ha concedido ningún permiso, más allá de los estudios previos. No obstante, recordó que es una práctica habitual ya en muchos países.
