El Ayuntamiento de Torremolinos ha informado que ya se han iniciado los trámites para elaborar el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, tras su aprobación en pleno el pasado 28 de enero tras la moción presentada por el Área de Vivienda. El resultado final, que estará listo en seis meses, determinará la demanda local y el stock de viviendas del municipio con el objetivo de establecer una planificación de acciones a desarrollar para cubrir las necesidades básicas de los vecinos.

“Desde esta institución no podemos dar la espalda a estas personas y familias en riesgo de exclusión social, que no pueden hacer frente al pago de alquiler o son desahuciadas”, ha asegurado Jesús Díaz, concejal de Bienestar Social y Vivienda, quien ha incidido en que “el Ayuntamiento promoverá las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y así poder solucionar una demanda tan necesaria en el municipio”. 

El Plan de Vivienda y Suelo irá más allá de determinar las necesidades de vivienda de los residentes en el municipio y las propuestas de vivienda de promoción pública, ya que recogerá también las actuaciones necesarias para fomentar la conservación, mantenimiento y rehabilitación del parque de viviendas.

Así, el área de Bienestar Social ha adelantado que destinará una partida en los presupuestos de 2016 a alquiler social, del que se beneficiarán personas o familias con recursos económicos limitados que cumplan con los requisitos que se establezcan, especialmente víctimas de violencia de género, personas desahuciadas, familias monoparentales, personas con diversidad funcional y otros colectivos vulnerables. 

El Ayuntamiento de Torremolinos ya dispone desde el pasado septiembre de 2015, en colaboración con el Colegio de Abogados de Málaga, de un servicio de intermediación y asesoramiento que evite los desahucios por impagos de la renta de alquiler o hipoteca de la vivienda habitual. Este servicio, pionero en España, permite asesorar a aquellas familias que no pueden pagar su alquiler así como al propietario del inmueble, que también pueden ver comprometida su situación económica en caso de impago.