La Policía Nacional ha detenido en Madrid a los 38 integrantes de una red que presuntamente se dedicaba a regularizar la situación de inmigrantes mediante matrimonios fraudulentos y que habría legalizado la de un centenar de personas que pagaron entre 8.000 y 12.000 euros.

La investigación se inició en febrero de 2020, cuando los agentes intervinieron a un hombre documentación que alertó sobre la posible existencia de este entramado, según ha informado este martes la Policía Nacional.

Así, los investigadores comprobaron múltiples expedientes de ciudadanos extranjeros beneficiados de ese régimen que habían formalizado su situación legal en el Registro de la localidad de San Fernando de Henares (Madrid), y encontraron evidencias de un patrón fraudulento.

Con el avance de las pesquisas, los agentes constataron la existencia de una red que facilitaba la constitución de parejas a cambio de contraprestaciones económicas de entre 8.000 y 12.000 euros por persona, para así normalizar su situación administrativa.

Los policías detuvieron a 38 personas -20 mujeres y 18 hombres- y realizaron cuatro registros, dos en domicilios de los implicados y dos en establecimientos comerciales. En estos locales consiguieron diversa documentación, teléfonos móviles y armas.

A los arrestados se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, falsedad documental, estafa y usurpación de funciones y estado civil.

Esta red podría haber regularizado a más de cien personas desde que inició sus operaciones en territorio nacional, con unos beneficios cercanos al millón de euros.

Los responsables de la banda adoptaban múltiples medidas de seguridad tanto en sus desplazamientos como en sus comunicaciones, y utilizaban numerosos teléfonos móviles y cambiaban con frecuencia de domicilio para evitar ser localizados.

El grupo tenía un claro reparto de misiones: en la cúspide estaban los jefes que coordinaban las operaciones y en un segundo nivel figuraban los captadores, que reclutaban a ciudadanos extranjeros y comunitarios para formalizar las parejas simuladas.

Para ello contaban con la ayuda de empadronadores, quienes se ocupaban de registrar en múltiples domicilios a estas personas a través de falsedades documentales, y de empresarios que facilitaban las altas en el régimen de la Seguridad Social y suscribían contratos fraudulentos para aportar medios económicos de subsistencia.

En el último escalón de la organización se situaban los testigos que daban fe de las supuestas relaciones.