La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) forzará al Pleno del Congreso a pronunciarse, previsiblemente la segunda semana de junio, sobre la derogación del "rechazo en frontera", así como a cerrar de forma definitiva los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
Se trata de una moción, consecuencia de interpelación, a la que ha tenido acceso Europa Press, que mantuvo el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con el diputado de Izquierda Plural, Joan Coscubiela, sobre la posición del Gobierno en relación con el "drama humanitario" que se está produciendo en el Mediterráneo y las propuestas elevadas desde Bruselas en consecuencia, que el diputado ecosocialista ha aprovechado para pedir la supresión de las citadas medidas.
LAS CUOTAS NO RESUELVEN EL PROBLEMA
En el debate, el ministro consideró que el sistema de distribución por cuotas de los refugiados llegados a Italia o rescatados en el Mediterráneo que se está fraguando en la Unión Europea como respuesta a la crisis humanitaria en la región "no resuelve el problema" y "puede provocar un efecto llamada importante".
"En mi opinión es una política que no resuelve el problema, porque lo que hace es redistribuirlo, y eso sin perjuicio de que pueda generar un efecto llamada muy importante porque las mafias criminales existen y son malos pero no tontos y saben que si se está redistribuyendo a esas personas, no se está atacando el problema de fondo y por tanto, a lo mejor estamos incentivando a que pongan a más personas todavía en esa situación", señaló.
Por su parte, Coscubiela se queja de que, en estos momentos, España no garantiza los derechos de las personas migrantes y la gestión del fenómeno migratorio por parte del Gobierno está "poniendo en evidencia" su "clara falta de humanidad".
"Son numerosos los ejemplos que lo demuestran", señala, apuntando al "ínfimo número" de peticiones de asilo aceptada o la introducción de la Ley de Seguridad Ciudadana con el rechazo en frontera, así como las "sucesivas modificaciones" introducidas en el Código Civil en relación a los procesos de adquisición de la nacionalidad que contribuyen a "denegaciones masivas de la nacionalidad".
Coscubiela también apunta a las "enormes dificultades" que encuentran las personas migrantes para llevar a cabo la reagrupación familiar o la "nula sensibilidad" mostrada ante las situaciones de irregularidad sobrevenidas de la precariedad laboral. "Confirman una actitud antihumanitaria que debe ser revertida de inmediato".
OPERACIONES DE RESCATE "EFICACES"
Por todo ello, separa en un bloque de tres sus peticiones, comenzando por el asilo, para el que pide que se garantice el cumplimiento de la Ley de 2009 de asilo, en coordinación con ACNUR, CEAR y la UE, se deroguen las devoluciones en caliente, se amplíen las oficinas de asilo en los puestos fronterizos, y se defienda ante las instituciones europeas la puesta en marcha de operaciones de rescate y salvamento "eficaces", cumpliendo con el nivel de socorro, además de que se refuercen los programas de reasentamiento activando las políticas de concesión de visados humanitarios.
En segundo lugar, en materia de política migratoria IU-ICV solicita que se agilicen los procesos de regularización por arraigo, de renovación de permisos de residencia y trabajo y de solicitud de reagrupamiento familiar de los descendientes y ascendientes, así como a reformar la legislación para garantizar el derecho a vivir en familia de la población migrante.
A su vez, quiere que se presente un proyecto de ley de adquisición de la nacionalidad que garantice un proceso homogéneo y que rebaje el periodo exigido actualmente para adquirirla de 10 a 5 años, además de que se suprima el test de integración impuesto "de forma discrecional y arbitraria" en los registros civiles.
En "materia de derechos civiles y políticos" la formación de izquierdas urge a impulsar una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para establecer el reconocimiento del derecho al voto para las personas migradas en todas las elecciones, a partir de un año de residencia en España.
En último lugar solicita el cierre de los CIE, y mientras no se clausuren, garantizar a las personas el asesoramiento legal para poder acceder a una condición administrativa regular, además de poner fin a las detenciones "sistemáticas" de personas migradas "como herramienta de gestión de inmigración".
