El Grupo de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla ha señalado este viernes en un comunicado que según la información aportada por el propio Gobierno local, entre junio de 2015 y septiembre de 2020 fueron formalizadas ante el Consistorio 2.748 reclamaciones por caídas de viandantes en la vía pública, todas ellas desestimadas, pesando en paralelo en dicho periodo 106 sentencias favorables a reclamantes en la materia, tras lo cual ha criticado la desestimación de las citadas 2.748 reclamaciones.
Según el edil de Vox Gonzalo García de Polavieja, ante las preguntas escritas dirigidas al Gobierno local socialista, el mismo habría detallado que entre junio de 2015, cuando Juan Espadas comenzó a ejercer como alcalde, y septiembre de 2020; el Ayuntamiento contabilizó 2.748 reclamaciones por caídas de viandantes en la vía pública, de las que fueron expresamente resueltas 857, ninguna de ellas estimada; y otras 1.891 fueron rechazadas por silencio administrativo.
Por citar un caso, el Consejo Consultivo de Andalucía avalaba en una resolución de fecha del pasado 1 de julio la decisión del Ayuntamiento de desestimar una reclamación de 53.477 euros promovida por una vecina por las lesiones sufridas al tropezar en la calle Beatriz de Suavia, dado que si bien la mujer alegaba el "estado de la acera", el Consultivo zanjaba que "dada la escasa entidad y visibilidad de las irregularidades denunciadas, cabe suponer que si la víctima hubiera caminado con la diligencia debida podría haber evitado el accidente", según dicha resolución recogida por Europa Press.
Al respecto, y mientras la estimación o desestimación expresa de estas reclamaciones es previamente dictaminada por el Consejo Consultivo de Andalucía, Vox critica que el Ayuntamiento desestime "la totalidad de las reclamaciones", considerando este partido político que "el viario de Sevilla se encuentra en un deplorable estado de conservación".
Así, ha opinado que es el Gobierno local del PSOE quien "obliga a los sevillanos a acudir a los juzgados, con el consiguiente gasto que ello conlleva al tener que contratar a un abogado y un procurador para reclamar sus derechos", en alusión a quienes después de no prosperar sus reclamaciones por la vía administrativa deciden recurrir a la vía judicial.
"Si bien es difícil calcular las demandas judiciales con los datos que nos ha facilitado el gobierno socialista, sí conocemos que en el mismo período en que el gobierno recibe 2.748 reclamaciones, tan sólo ha habido 344 sentencias judiciales", explica Polavieja, señalando que dicha cuantía supone un 12 por ciento del total de reclamaciones formalizadas, parte de las cuales no han sido resueltas aún.
De las citadas 344 sentencias encuadradas, según ha precisado, 106 fueron favorables a los reclamantes, tras lo cual el edil ha aseverado que el Ayuntamiento "no puede actuar desestimando por sistema todas las reclamaciones por caída en vía pública".