Este lunes se ha cumplido el XXX aniversario del atentado perpetrado por la banda armada ETA, ya disuelta, en la antigua prisión provincial Sevilla I --conocida como cárcel de La Ranilla, ubicada cerca de la Ronda del Tamarguillo--, que en 1991 costó la vida a cuatro personas, en concreto, un funcionario de prisiones, dos internos y un familiar de un recluso, a causa de la explosión de un paquete bomba que, además, dejó más de una treintena de heridos.

El artefacto estalló hacia las 11,20 horas en la sala de paquetería de la prisión, contigua a la sala de espera de la cárcel, a la que acudían a diario los familiares de los internos. En el momento de la explosión se encontraban en esta zona de la prisión más de medio centenar de personas, la mayoría eran mujeres y algunos niños.

El paquete bomba había sido entregado ese 28 de junio de 1991 por un empleado de una empresa de transportes y procedía de Valladolid. Estaba dirigido al director de la cárcel de entonces, Javier Romero Pastor.

Este atentado fue el primer ataque de ETA en Sevilla si bien la capital hispalense fue objetivo anteriormente de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (Grapo), los cuales, entre 1979 y 1984 asesinaron a cuatro personas. Posteriormente, a esas cuatro víctimas mortales del atentado de la cárcel de La Ranilla, ETA sumó otras tres más, en concreto, el concejal del PP Alberto Jiménez-Becerril, su esposa Ascensión García, y el médico militar Antonio Muñoz Cariñanos.

Este atentado alteró la situación de los presos de la cárcel quienes, en un principio aprovecharon las circunstancias para organizar un motín para luego deponer su actitud tras enterarse que el desorden generado era fruto de un atentado de ETA. Tras la vuelta a la normalidad, hubo que poner medidas de protección para los presos etarras que se encontraban en esa prisión fruto de la política de dispersión de anteriores gobiernos.

Con motivo de ello, la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) ha promovido un acto en el pabellón de acceso de la antigua cárcel, edificio superviviente de la demolición del recinto para la creación de un espacio público, en memoria del funcionario Manuel Pérez Ortega, los internos Donato Calzado García y Jesús Sánchez Lozano, y Raimundo Pérez Crespo, que iba a visitar a un pariente interno del centro.

En el acto, ha sido depositado un ramo de flores en dicho enclave, al objeto de conservar la memoria de "una fecha grabada e imborrable" para los allegados de las víctimas del atentado y del colectivo de funcionarios de prisiones.