El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Sevilla ha decidido admitir a trámite, según ha podido saber Viva Sevilla, el recurso presentado por un empresario madrileño contra la licencia de apertura concedida en 2003 por la Gerencia de Urbanismo al restaurante Abades Triana, ubicado en la calle Betis a orillas del Guadalquivir, por supuestas irregularidades en los permisos.
Según sostiene dicho empresario en base a un informe pericial elaborado a partir de documentos oficiales y catastrales que va a aportar en este nuevo proceso, cuyas conclusiones ya publicó este periódico, la edificación del actual local hostelero excede en casi 600 metros la superficie legalmente abarcable según la normativa.
El demandante pretende demostrar que existió un fraude en la concepción del complejo hostelero, el cual, según sostiene, casi cuadruplica en metros cuadrados la superficie edificable autorizable: en vez de los 233 sobre rasante que debiera como máximo ocupar (equivalentes a los que medía el antiguo bar El Puerto), las dimensiones de la planta principal del recinto se disparan hasta los 829.
La admisión a trámite de este contencioso reabre un caso que el Ayuntamiento creía cerrado. En 2010, un juez obligó a Urbanismo (sin entrar al fondo, sí apreció indicios de irregularidades) a revisar de oficio el expediente de concesión de licencia. La Gerencia, denuncian los demandantes, obvió sistemáticamente sus requerimientos y llamadas.
El propio Consejo Consultivo de Andalucía, organismo al que Urbanismo acudió para conocer su dictamen, llegó incluso a recriminar (y enumerar por escrito) a éste que el proceso que estaba siguiendo estaba plagado de defectos formales y técnicos. El Consultivo acabó, sin embargo, avalando la licencia concedida. ¿Por qué? Según aseguraron fuentes de dicho organismo, éste “dio por hecho que esos defectos quedaron subsanados”. Y, además, dieron “por buena” la medición de parte aportada por Abades para pedir la licencia, y no la que, teóricamente debió hacer un técnico municipal de la Gerencia.
Ahora, tras ser admitido a trámite este recurso, el juez otorga de plazo al Ayuntamiento 20 días para que aporten el expediente de la licencia del local. Una vez lo aporte, la documentación se le trasladará a la parte demandante, que en base a ella formalizará su demanda.