El gobierno local terminó ayer las reuniones que ha celebrado con los portavoces de los grupos municipales para avanzarles las líneas maestras de las nuevas Ordenanzas Fiscales, encuentros en los que sólo ha faltado Juan Ignacio Zoido, que delegó su representación. Juan Espadas ha declarado intocables a las familias, considera inviable la rebaja del 10% en el IBI preconizada por el PP y Ciudadanos y aplicará una mayor presión fiscal a las grandes empresas, que reducirá si éstas demuestran un mayor compromiso con la ciudad con, por ejemplo, el incremento de sus plantillas.

Las familias y las pymes no se verán afectadas, en líneas generales, por el proyecto de Ordenanzas para 2016 que el gobierno local ha avanzado a los portavoces de los grupos políticos y que remitirá hoy al Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) para someterlas a su dictamen previo.

Según las primeras impresiones recogidas, ante la actualización de los valores catastrales, en el caso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) el coeficiente pasa de 0,8067 que tiene en 2015 a 0,7334. Con esta medida, los recibos quedarán completamente congelados para los hogares y las pymes.

El gobierno de Espadas ha rechazado, por inviable, la rebaja del 10% preconizada desde la oposición por PP y Ciudadanos, ya que tendría una repercusión de 17,3 millones en las cuentas municipales, a lo que hay que sumar el recorte en 6 millones decretado por el Gobierno central en la participación de la ciudad en los ingresos del Estado.

El IBI y las plusvalías

Con este escenario, una rebaja en el IBI provocaría que el Consistorio no pudiera afrontar una mínima subida salarial siquiera a los funcionarios, ni el abono de la paga extra. Hay que tener en cuenta que la previsión de ingresos por el IBI para el año en curso es de 173 millones tras las fuertes subidas realizadas en los primeros años del mandato de Zoido, cuando ascendió a 183 (año 2012) y 201 millones (año 2013). Por tanto, una rebaja de esa cuantía supondría esos 17 millones de menos en la principal fuente de ingresos del Consistorio.

Por otra parte, en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalías) se reducen los coeficientes que aplica el Ayuntamiento hasta en un 32% en el caso de las plusvalías a corto plazo: cinco años. La cuota de este impuesto pasa de 29,5 a 36,8 con carácter general para que no tenga incidencia la actualización de los valores catastrales. En las transmisiones, además, de 1 a 5 años pasa de 3,7 a 2,5.

En esta línea de no tocar el bolsillo de la inmensa mayoría de los sevillanos, se congelará el sello del coche y hasta se rebajará en un 4% el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), ya que pasa de 3,85 a 3,70.

La mayoría de las tasas con incidencia en familias y pymes se congelan, desde la tasa de basuras hasta la de Tussam, y se suprime también la de la basura a los locales vacíos que había aprobado el gobierno de Zoido.

En este escenario de congelaciones generalizadas, a salvo de conocer en profundidad el proyecto, la presión fiscal se incrementará para las grandes empresas, conforme al discurso del alcalde de que “otros tienen que hacer un esfuerzo: quienes más beneficio obtiene por su actividad, los grandes contribuyentes con grandes instalaciones en la ciudad”.

Ahora bien, el Ayuntamiento introducirá medidas correctoras para aliviar esa presión fiscal destinada a recaudar los 6 millones de menos que transferirá el Gobierno, siempre que las grandes corporaciones adopten un mayor compromiso con Sevilla, con medidas como, por ejemplo, la creación de empleo, habida cuenta de que la ciudad tiene en el paro (84.483 en septiembre) el mayor de sus problemas.