En la campaña para las elecciones municipales del año 2003, Monteseirín, que aspiraba a la reelección como alcalde y que durante el mandato anterior se había visto sometido al ‘abrazo del oso’ de los andalucistas del PA como incomodísimos socios de gobierno, repitió una y otra vez una frase/lema -se dice que inspirada por José Caballos- que caló en el electorado por un estado de ánimo y opinión abonado para otorgarle credibilidad: “el urbanismo bajo sospecha”.
Dado que era la época del ‘boom’ inmobiliario y de los pelotazos urbanísticos en la ciudad, propiciados por las recalificaciones de suelo, y que la Delegación de Urbanismo era el gran coto privado del PA en aquel gobierno de coalición, la acusación genérica y sin pruebas concretas lanzada por el alcalde-candidato fue clarísimamente interpretada por los electores como dirigida contra los andalucistas en exclusiva y pese a que Monteseirín era el máximo responsable del Ayuntamiento y de aquella coalición. La frase hizo fortuna y el PA se hundió en los comicios.
Algo más de un decenio después, no es sólo un departamento como entonces la Gerencia de Urbanismo el que está bajo sospecha, sino todos los partidos con representación en el Ayuntamiento, después de que en el sumario de la operación Madeja la jueza Alaya haya acusado a PSOE e IU de financiarse en Sevilla entre 2003 y 2011 mediante, supuestamente, sobornos pagados por la empresa Fitonovo a cambio de adjudicaciones de contratos (entre uno y siete millones de euros el primero y 155.000 euros la segunda); de que el administrador de la compañía citara la supuesta petición de Gregorio Serrano, primer teniente de alcalde, de construir gratis un parque infantil valorado en 150.000 euros para el cuartel de Montequinto, y de que el entonces jefe del Servicio de Parques y Jardines, Francisco Amores, exigiera presuntamente 350.000 euros para sus técnicos y para financiar la campaña del PP, extremos que todos los señalados niegan con vehemencia.
Hastío de la sociedad
Pese a que en nuestro ordenamiento jurídico rige el derecho a la presunción de inocencia y a que la figura de la imputación equivale sólo a la de una investigación judicial que puede acabar en un procesamiento o ser levantada, como ha ocurrido hace unos días en el caso de varios imputados por la presunta venta fraudulenta de los suelos de Mercasevilla, el hastío de la sociedad por los reiterados escándalos de corrupción en toda España ha provocado la aplicación de una ‘política preventiva’ por parte de algunas formaciones a la hora de exigir la dimisión de los señalados por Alaya.
Y en este clima, la formación más perjudicada está siendo IU en el Ayuntamiento. Primero, porque la juez no ha imputado a ningún concejal ni cargo orgánico del PP, más allá del exedil y luego director del área de Medio Ambiente, Joaquín Peña -destituido de manera fulminante por Zoido- y un técnico como el jefe del servicio de Parques y Jardines, Francisco Amores. Y segundo, porque el imputado del PSOE en la operación Madeja es Manuel Gómez Lobo, antiguo concejal de Vía Pública y responsable del distrito Macarena en la etapa de Monteseirín como alcalde pero que no volvió a formar parte de la lista electoral socialista tras la renovación acometida y el inicio de una nueva etapa con Juan Espadas, el cual ya pagó en las urnas los platos rotos por Monteseirín.
Dimisión de García
Si IU es la que más está sufriendo las consecuencias de la operación Madeja es porque mantuvo a su vieja guardia tras haber gobernado ocho años en coalición con el PSOE, mediante la dupla Monteseirín-Torrijos, una era plagada de escándalos como el de Mercasevilla con sus diversas ramificaciones y que han acabado salpicándola de lleno.
El hasta ahora portavoz municipal de la coalición, José Manuel García, se ha visto obligado, tras los mensajes lanzados desde la dirección regional y federal, a presentar su dimisión al ser imputado por presunto fraude y cohecho en el caso Madeja. La jueza le acusa, tanto a él como a Torrijos, de haber intervenido para que IU recibiera comisiones ilegales de Fitonovo por valor de 155.000 euros a cambio de la adjudicación de once contratos para la instalación de césped artificial en campos de fútbol en el gobierno anterior, cuando García era delegado de Deportes.
El problema añadido es que García había asumido la portavocía municipal tras la previa dimisión de Torrijos, que a su vez acumula tres imputaciones, por los casos Mercasevilla, Fundación DeSevilla y Madeja. Así pues, en tan sólo un año (de noviembre de 2013 a noviembre de 2014), el electorado sevillano ha asistido a la dimisión de dos portavoces de IU, Torrijos y García.
El peor momento
Además, la otra edil de la coalición, Josefa Medrano, también tuvo problemas con la Justicia y llegó a sentarse en el banquillo de los acusados por el caso Foxá, aunque finalmente salió absuelta. Ahora pesa sobre ella la espada de Damocles de una posible investigación judicial sobre el ERE de Altadis, por el que recibió una póliza de prejubilación. Y en la lista electoral figura otro imputado, Carlos Vázquez, en el caso del presunto desvío de un millón de euros de la Fundación DeSevilla.
De los polvos de la era Monteseirín vienen ahora estos lodos en el peor momento para IU, cuando se ve sobrepasada por la izquierda por el auge de Podemos y por nuevos movimientos como Ganemos, con el que pretende un proceso de integración en función de cómo queden preservadas sus señas de identidad.
Se integre o no, IU se ve abocada a una profunda renovación a tan sólo seis meses de las elecciones municipales por no haber sabido o querido hacerla hace cuatro años, siguiendo el ejemplo del PSOE con Espadas.
La coalición siempre ha confiado en su suelo electoral, que en el peor de los casos (año 1991) no bajó de 19.000 votos y dos concejales, pero desde su mejor resultado al margen de las primeras elecciones democráticas en la Transición (1995, con 45.416 sufragios y cuatro ediles) ha perdido el 47 por ciento de los votos y la mitad de los concejales, con la agravante de que el voto de izquierdas se puede dispersar en nuevas alternativas que antes no existían.
La presunta vinculación de la coalición o de algunos de sus representantes con el escándalo Madeja de corrupción política puede suponer un golpe de gracia para una coalición sin banquillo y sin tiempo para fabricarlo, y teniendo en cuenta el precedente del PA, que pasó de 92.417 votos, 9 ediles y estar en el gobierno municipal a verse fuera del Ayuntamiento de Sevilla en tal sólo un decenio, en una purga de sus pecados políticos.
IU, sencillamente, se está jugando la supervivencia en Sevilla.
