La sociedad mixta Mercasevilla, participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense, pide en su escrito de acusación dos años de cárcel y 17 años de inhabilitación, para diez de las 16 procesados por las presuntas irregularidades de la venta de los derechos de opción de compra de los suelos del mercado central, incluyendo al exconcejal de IU Antonio Rodrigo Torrijos, al exedil del PSOE Gonzalo Crespo y al exdirector de la empresa Fernando Mellet. A estas diez personas, además, reclama una indemnización de 25 millones de euros.
En el escrito de acusación elevado a la juez Mercedes Alaya, recogido por Europa Press, la representación de Mercasevilla trata el procedimiento promovido por la compañía allá por el año 2005, para adjudicar los derechos de opción de compra de los terrenos del mercado central, todo ello en el marco de los planes de traslado de la empresa.
En su escrito de acusación, adelantado por 'El Mundo', Mercasevilla explica las negociaciones emprendidas por Fernando Mellet, entonces director general del mercado central, con Luis Sánchez Manzano, José Luis Sánchez Domínguez y José Luis Miró, representantes de Sando, a través de Domingo Enrique Castaño como consejero de la empresa y entonces director del área de Vía Pública, en torno a la entrega de los derechos de opción de compra de estos suelos a la citada constructora, siendo redactado incluso "un protocolo de intenciones".
A partir de ahí nació, supuestamente, el procedimiento destinado a ofertar los derechos de opción de compra de los terrenos del mercado central, un procedimiento en el que "a pesar de que Gutiérrez Colomina informó, como secretario de la entidad, que lo procedente era la convocatoria de subasta pública, tanto Mellet como Rodrigo Torrijos presionaron al objeto de que se convocara un concurso en lugar de la subasta, puesto que el concurso les concedía mayores garantías para predeterminar la adjudicación final a la entidad Sanma (filial del grupo Sando), que en esas fechas se subrogó en el derecho de superficie que ostentaba LARENA 98 SL., y por consiguiente, con quien ya habían adquirido el compromiso de adjudicar la opción de compra".
"VENTAJA PATENTE" DE SANMA
Destaca también el escrito de acusación "la existencia de un borrador de pliego de cláusulas administrativas para el futuro concurso remitido por la entidad Sando a Mercasevilla", lo que "implicaba una ventaja patente para Sanma en perjuicio de las futuras competidoras en la licitación".
Así, el escrito de acusación señala una "confabulación" entre Mellet; Gonzalo Crespo, quien era presidente del consejo de administración de Mercasevilla; Castaño; Rodrigo Torrijos; Sánchez Domínguez; Sánchez Manzano y Miró, "para que el concurso se predeterminara de tal manera que fuese adjudicado a Sanma". Todo ello, con el "conocimiento" de Jorge Piñero, José Antonio Ripollés y María Victoria Bustamante, a quienes les fue encargado elaborar el pliego de condiciones del mencionado concurso público, con una "finalidad" que estos últimos supuestamente conocían.
Incluso fue introducida una "cláusula que limitaba al alza las propuestas que se considerasen desproporcionadas y temerarias, cláusula que perjudicó de manera obvia los intereses de Mercasevilla, por cuanto concertado previamente con Sanma el precio de 106 millones de euros, se beneficiaba a la referida entidad adjudicataria evitando que ofertas más elevadas y, por tanto, mejores, frustrasen la conclusión del ilícito". De hecho, el concurso público fue finalmente fallado en favor de Sanma pese a que la oferta del grupo Noga era mejor en términos económicos.
DELITOS CONCRETOS
Dado el caso, el escrito de acusación de Mercasevilla detecta un delito de fraude y exacciones ilegales, en concurso con un delito de prevaricación de funcionarios públicos y otros comportamientos injustos, atribuyendo ambos delitos a Fernando José Mellet Jiménez, Domingo Enrique Castaño Gallego, Antonio Rodrigo Torrijos, Gonzalo María Crespo Prieto, Jorge Piñero Gálvez y María Victoria Bustamante Sanz.
Además, y en condición de extraneus, Mercasevilla considera autores de los citados delitos a José Antonio Ripollés Muñoz, Luis Sánchez Manzano, José Luis Sánchez Domínguez y José Luis Miró Morales. Para cada uno de ellos, pide por el primero de los delitos una pena de dos años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de ocho años, y por el segundo de los delitos, una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de nueve años para cada uno de ellos, atribuyéndoles las costas.
Finalmente, Mercasevilla pide la nulidad del procedimiento descrito y una indemnización por valor de 25 millones de euros, que no es otra cosa que la diferencia entre la cuantía "al contado" ofertada directamente por Noga, 30 millones, y los cinco millones de euros satisfechos por Sanma merced a la consecución de los derechos de opción de compra.
