La Guardia Civil ha imputado en Sevilla a cuarenta personas entre usuarios (compradores y vendedores), habilitados, gestores y notarios como autores de delitos de falsificación de documento público en trámites de la Jefatura Provincial de Tráfico.
Según ha informado hoy el Instituto Armado en un comunicado, la investigación comenzó hace diez meses, cuando la Jefatura Provincial de Tráfico comunicó al Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico de Sevilla que en la tramitación telemática realizada por gestores administrativos y habilitados (por ventanilla), se podían estar cometiendo irregularidades.
Durante este tiempo, se ha averiguado que varias gestorías han realizado la tramitación telemática de expedientes administrativos de transferencia falsificando, entre otros documentos, mandatos de representación, contratos de compraventa, incluso en ocasiones llevando uno de los intervinientes más de seis meses fallecidos, con lo que el cotejo de su DNI, mandato de representación, factura y solicitud eran falseados para efectuar el trámite.
En el caso de los habilitados imputados, se ha detectado la misma forma de operar pero por el denominado sistema de carpetas, por el que trabajan normalmente en la Jefatura estos profesionales.
Los habilitados son personas que han sido autorizadas por la Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla para presentar trámites, entre los que se encuentran las transferencias por el sistema denominado carpetas, que entregan la documentación en la Jefatura por un conducto distinto al público normal en carpetas concretas y se les realiza la tramitación de los documentos.
Las transferencias de los vehículos agrícolas conllevan un trámite especial previo a la transferencia que se realiza en la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, que es el alta y la baja del vehículo con un trámite especial de reconocimiento de firma ante una entidad bancaria, sin el cual no se puede realizar el trámite.
En este caso, se ha demostrado que sistemáticamente es falsificado, básicamente porque los vehículos investigados tenían domicilios en distintas provincias.
También se han visto cotejos falsos hechos por dos notarios, ya que a través de las declaraciones testificales se ha comprobado que ninguna de las personas ha estado físicamente en la Notaría, ni han prestado el documento nacional de identidad original a nadie.
En su manifestación como imputado, los dos notarios no han reconocido sus propias firmas, signos y rúbricas, estampados en algunos cotejos de DNI.
