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Estraburgo no solicitará la suspensión del desalojo de la Corrala Utopía

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera “suficientes” las medidas propuestas por las administraciones para solucionar el conflicto. Ayer expiró el tiempo para el abandono voluntario del edificio familias. Muchas continúan en el inmueble a la espera de la solución definitiva de la Junta y

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  • La Corrala Utopía -

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo (Francia), no adoptará la medida cautelar de suspensión del desalojo de las familias sin recursos que en la actualidad ocupan el edificio de viviendas de Ibercaja bautizado como Corrala Utopía, ya que considera “suficientes” las medidas promovidas por las administraciones para dar solución al conflicto, según informó ayer a Viva Sevilla una de las abogadas pertenecientes al Grupo de Juristas Independientes 17 de marzo, que representa al colectivo de las familias. 

Estas medidas, en las que trabaja desde hace dos semanas una comisión especializada integrada por técnicos del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía, pasarían por realojar a las familias  en unas viviendas protegidas de la Junta que aun no están terminadas -faltan siete meses de obras-, previo paso por VPO del Consistorio hispalense mientras finalizan los trabajos de las primeras. 

Con esta propuesta se persigue evitar que se tenga que cumplir el auto de desalojo forzoso ordenado por el juzgado, dictado a instancias de la propiedad del edificio (Ibercaja), ya que las familias abandonarían de forma voluntaria dicho inmueble (aunque el plazo legal para ello expiró ayer).


A raíz de esta situación, los representantes legales del colectivo de familias afectadas enviaron al Tribunal Europeo una demanda contra el Reino de España por una presunta vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos, reclamando la suspensión del auto, siendo admitida por Estrasburgo, que reclamó información sobre el conflicto a las administraciones.

Una vez recibida y estudiada la información, el Tribunal Europeo ha considerado suficientes las medidas promovidas, ya que el Ministerio de Justicia detalló en su informe la existencia de una comisión que trabaja para buscar una solución y que “ni los demandantes ni los menores afectados están en riesgo de exclusión social o desatención”.

“Muchas de las familias continúan viviendo en la corrala a la espera de la propuesta que les brinde la comisión”, explicaron fuentes del Grupo 17 de marzo a este periódico, al tiempo que señalaron que “la Delegación del Gobierno no tiene intención de llevar a cabo el desalojo hasta que llegue la solución”.

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