El secretario de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios de UGT-A, Pedro Marcos, ha calificado este lunes como "desatino" la decisión del Gobierno central de impugnar el concurso de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) y prepara movilizaciones para defender el empleo.
Para esto, según ha señalado, contactarán con el resto del sector y esta tarde de lunes el sindicato se reunirá con la Junta para abordar la situación. "Vamos a batallar lo que haga falta en defensa de la generación de empleo y riqueza en la zona", ha destacado.
"Es otra agresión más hacia Andalucía y es un ataque parecido al que sufrimos en la Política Agrícola Común (PAC), pareciera que es por ser andaluces. Están más empeñados en controlar el déficit que en crear riqueza. El Gobierno debería de dejar de dar patadas a Andalucía y buscar proyectos que generen empleo", ha subrayado.
A juicio de Marcos, la reapertura de la mina de Aznalcóllar supondría empleo directo para 1.100 familias e indirecto para otro millar. "La minería vuelve a ser rentable --asegura-- y mientras la mina esté cerrada, la zona está muerta". "La única actividad que la puede hacer resucitar es, precisamente, la minería. Si el proyecto se retrasa tres o cuatro años, pudiera ser que cuando se resuelva el recurso se haya ya pasado el tiempo de explotación de la mina", ha advertido.
Asimismo, ha apuntado que con "tantos problemas" como están planteando van a "espantar a las empresas que tengan previsto invertir en la zona". "El Gobierno vuelve con esta decisión a machacar a Andalucía en términos de empleo", ha criticado.
"Malo todo lo que sea paralizar" el empleo
Por su parte, la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, ha considerado este lunes "malo todo lo que sea paralizar la generación de empleo" en relación con el recurso de inconstitucionalidad que ha anunciado el Gobierno de España contra el decreto ley andaluz para la reapertura de la mina de Aznalcóllar.
En declaraciones a los periodistas, Castilla ha dicho "no entender" el recurso "ni en que se basa para decir que no se puede reabrir". Ese proyecto tendría un impacto en el empleo, unos mil puestos de trabajo, "en un sector muy castigado".
Así, ha apuntado que el sindicato aún no ha mantenido una reunión con la Junta para conocer en qué momento está esté proceso y qué consecuencias va a tener y si puede prosperar el recurso al Tribunal Constitucional (TC).