El Gobierno de Juan Ignacio Zoido ha convocado para este miércoles un pleno extraordinario para aprobar los presupuestos para 2014 y lo hace rechazando previamente las siete alegaciones que han presentado diferentes asociaciones, entidades y hasta partidos políticos de Sevilla, en la mayoría de los casos por no ajustarse a lo establecido en el artículo 170.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Las enmiendas habían sido presentadas por la Asociación de Jubilados del Ayuntamiento, el Sindicato de Empleados municipales y el Profesional de Bomberos, la Asociación Musical y Cultural María Santísima de la Victoria (Las Cigarreras), la Asociación Foro Taxi Libre, la sociedad Tragsa y el PSOE local.

A la socialista Susana López le dice directamente la Delegación de Hacienda que la oposición al presupuesto local de los grupos políticos “tiene su cauce específico en el Pleno”, aunque le añade que sus propuestas no podrían prosperar al no constituir “obligaciones legalmente exigibles a la Corporación” o aluden a infracciones de trámites no incluidos en la legislación local.

Las alegaciones de los funcionarios son también denegadas por el Gobierno municipal. Así, la primera de ellas, la presentada por la asociación jubilados, que pretendía que se cambiara la denominación de pensiones por premio extraordinario y que éste no estuviera limitado por las imposiciones de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Hacienda no acepta la alegación al considerar que esa aportación contabiliza como pensión pública, razón por la que además le deniega el cambio de denominación. 

Vestuario para bomberos

Los sindicatos municipales, el de Empleados y el de Bomberos, exigían un incremento hasta los 717.968 euros de la partida destinada a vestuario, cifrada en 400.000, alegando el descenso de casi un 50% de las partidas que se ha ido acumulando desde el año 2010. A estas partidas “claramente insuficientes” añaden el ingreso de 55 bomberos y 24 conductores, lo que “agravará” más la situación.

Tampoco accede el Gobierno local a la petición, ya que no considera “suficientemente justificada” la cantidad que se reclama, puesto que se basa en créditos consignados en presupuestos anteriores, en los de los ejercicios 2007 a 2009, concreta.

No hay obligación

Las Cigarreras, con un acuerdo plenario que avala que sigan en el local de Marqués de Contadero hasta que tengan otro -traslado que tiene de tope el 18 de marzo de 2014-, exigían una partida presupuestaria fija, que ni siquiera presupuestaban, para hacer frente a los gastos de desalojo y mantenimiento de sus actividades.

Hacienda, sin embargo, se la deniega, porque “no existe una obligación exigible al Ayuntamiento de la que derive consignar un crédito concreto a tal fin en 2004”.

Por su parte, la Asociación Foro Taxi Libre realizaba diferentes alegaciones centradas en una “inadecuación presupuestación”, tanto en los ingresos en la previsión de derechos por parada de taxi, como en los gastos, en relación al rescate de licencias (que piden pasar del capítulo 4 al 7), pidiendo una mayor dotación  para el sector.

No acepta tampoco sus argumentos la Delegación de Hacienda, que entiende no están fundamentados en ninguno de los motivos tasados en la Ley, aunque les puntualiza que las tasas están reguladas en la ordenanza específica y que los rescates se ajustan a a la normativa, incuida su consideración como transferencia de capital, que se incluye en el capítulo 7.

Por pagar lo de 2013

Por último, la alegación presentada por Tragsa se refiere al impago por parte de la Gerencia de Urbanismo de 282.276,71 euros por la ampliación del proyecto de restauración de la balaustrada central y el acondicionamiento de la ría del Parque de María Luisa, que fue reconocido en 2012 por el Interventor Municipal y aprobado su pago en 2013, hecho que no se ha consumado ni aparece una partida presupuestaria específica en las cuentas de 2014, por lo que la sociedad pide su inclusión para garantizar su pago en el presente ejercicio.

Tampoco acepta la Delegación de Hacienda la alegación presentada por Tragsa, aludiendo que ya está presupuestada en 2013 y que “una vez liquidado el presupuesto de 2013”, de entre los remanentes de crédito que existan se habilitará “a través de la oportuna modificación presupuestaria” una partida para abonar una certificación que está “bajo operación contable” y “pendiente de aplicar a presupuesto”.