La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se ha opuesto hoy a la petición de nulidad y ha pedido que se confirme la condena impuesta a los cuatro acusados en el caso Camas de soborno a una concejal, entre ellos el exalcalde Agustín Pavón (IU).
Fuentes del caso han informado a Efe de que la vista de la apelación se ha desarrollado durante una hora y media ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJA en Granada, sin asistencia de ninguno de los imputados.
El exalcalde de Camas Agustín Pavón, el exconcejal del PP Antonio Enrique Fraile, el exconcejal del PA José del Castillo y el empresario Eusebio Gaviño fueron condenados a un año y dos meses de cárcel cada uno tras ser declarados culpables de un delito de cohecho por intentar sobornar con 12.000 euros, en el año 2006, a una exconcejal de IU para conseguir su voto en varias iniciativas municipales.
Sus defensas han pedido la nulidad de la sentencia dictada por la Audiencia de Sevilla y la consiguiente repetición del juicio porque se impidió al jurado popular que vio el caso "examinar las propuestas alternativas de las defensas y el objeto del veredicto se conformó de forma exclusiva con las peticiones del Ministerio Fiscal".
El abogado de los políticos, José Manuel Ramos Cardona, ha argumentado que no se dio la oportunidad a los miembros del jurado de votar si las reuniones de los procesados con el exmilitante de IU Francisco Gordo y la concejal Carmen Lobo "tenían como finalidad que esta última volviera al equipo de Gobierno ante la noticia, que luego resultó falsa, de que había sido absuelta" del delito que motivó su expulsión de IU.
Además, el jurado no pudo valorar "si la situación fue creada y provocada por los denunciantes con animo de venganza" y si en la reunión que tuvieron los políticos con Gordo "este era el único que pedía dinero, con clara intención de preconstruir pruebas al llevar encima una grabadora".
Por su parte, la defensa del empresario Gaviño, que ejerce Encarnación Molino, ha alegado que los informes médicos sobre su cliente, que sufrió un ataque de ansiedad que obligó a aplazar el juicio varios días, fueron leídos al jurado, lo que "lo predispuso en su contra".
Ese aspecto se vio agravado por su ingreso en prisión, decretado el 30 de octubre del 2012 ante su incomparecencia a juicio, lo que según la defensa transmitió a los miembros del jurado la imagen de que "había obstruido deliberadamente la celebración del juicio".
Al haber estado suspendida la vista más de cinco días, era "imperativa la disolución del jurado", argumenta Molino en su recurso, por lo que también ha pedido al TSJA la nulidad de la vista oral y su repetición.
Por su parte, la Fiscalía se ha remitido a su informe presentado por escrito, en el que defiende la legalidad del juicio y pide que se confirme la condena, han añadido las citadas fuentes.
