El nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) promovido por KBR, la sociedad adjudicataria del contrato de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa y África para los servicios de ingeniería civil, apoyo logístico, salud e higiene industrial de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla), cuyo uso comparten España y Estados Unidos, contempla un total de 54 despidos, según fuentes de la plantilla consultadas por Europa Press.
La documentación del ERE, según tales fuentes, recoge además una lista nominativa de los empleados afectados por este nuevo despido colectivo, señalando las mismas la difícil situación que afrontan tanto los trabajadores amenazados de despido como el resto de la plantilla, que reclama que los partidos políticos reaccionen para intentar al menos que el ERE no sea consumado en los términos planteados.
Y es que la plantilla actual de los servicios civiles de la base cuenta con 308 personas, con lo que los 54 despidos implican reducir aproximadamente un 20 por ciento el número de empleados.
A tal efecto, recordemos que el pasado otoño, Estados Unidos trasladaba a Italia el contingente militar de reacción rápida en África que hasta entonces operaba en la base aérea de Morón, que fruto de una enmienda al tratado bilateral de defensa entre Estados Unidos y España, había sido habilitada como base permanente de la fuerza militar norteamericana de despliegue rápido en África.
La presencia estadounidense
En dicha enmienda, además, ambos países acordaron ampliar a un total de 36 aeronaves, 2.200 militares y 500 profesionales civiles el techo de presencia de Estados Unidos en dicha base.
Cuando Estados Unidos optó por desplazar desde la base de Morón a Italia su contingente de reacción rápida en África, José Armando Rodríguez Ardila (UGT), presidente del comité de empresa de KBR, defendía que tal traslado no tendría "por qué tener impacto" en la plantilla española de la base, razonando que si la llegada de los efectivos de la fuerza de reacción rápida en África allá por 2013 no se tradujo en la contratación de más personal civil para hacer frente a la situación, ahora "no tiene por qué haber" consecuencias negativas en materia de empleo.
En ese marco, recordaba que el incremento de la presencia estadounidense en esta base cuyos servicios civiles gestionan empresas seleccionadas por las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa y África, había ido acompañado de una reducción paulatina del personal español adscrito a tales servicios de ingeniería civil, apoyo logístico, salud, ambulancia, higiene industrial o servicios postales.
La plantilla española
El comité de empresa de los mencionados servicios civiles, en ese sentido, lleva años denunciando insistentemente una supuesta estrategia predeterminada de sustitución del personal español por profesionales estadounidenses o directamente militares de dicho país.
No sobra recordar tampoco que KBR formaba parte de la sociedad Vinnell-Brown & Root Spain (VBR), adjudicataria entre 2010 y 2015 de este mismo contrato de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa para la base de Morón.
Y es que durante sus años de gestión de los servicios civiles de la base de Morón de la Frontera, cuya superficie corresponde al término municipal de Arahal, VBR acometió hasta tres expedientes de regulación de empleo desprendiéndose de un total de 240 trabajadores, en su inmensa mayoría españoles, durante un periodo marcado por cierto por el crecimiento de la presencia militar estadounidense en la base.
Por eso, el presidente del comité de empresa de los servicios civiles de la base de Morón recordaba recientemente que la plantilla lleva ya unos "diez años" reclamando una modificación del tratado bilateral de defensa entre Estados Unidos y España que regula el funcionamiento de dicha instalación militar, al objeto de que sean incorporadas mejoras laborales para los empleados civiles y garantías en materia de mantenimiento del empleo.
Los "compromisos"
A tal efecto, rememoraba que con motivo de la concentración celebrada por la plantilla a mediados del pasado mes de noviembre ante la propia base, el PSOE, el PP y Unidas Podemos "se comprometieron a iniciar gestiones" para "salvaguardar el empleo" en el recinto, echando los trabajadores "en falta" la materialización de dicha promesa.
Rodríguez Ardila recordaba también la reunión celebrada el pasado mes de marzo con Javier Salido Ortiz, director general para América del Norte, Europa Oriental, Asia y Pacífico del Ministerio de Exteriores, también en demanda de actualizar el mencionado tratado bilateral de defensa, pues tampoco en este caso mediarían resultados; avisando finalmente de que los ministerios de Defensa y Trabajo no estarían atendiendo las "solicitudes" de la plantilla de celebrar reuniones en torno a su situación.
