La presidenta del PP de Sanlúcar, Carmen Pérez, ha pedido al Gobierno local que colabore con la Junta de Andalucía para la regularización de viviendas en la localidad, tras la aprobación por parte del Gobierno autonómico del decreto ley que "pone fin a años de caos urbanístico y jurídico y abre la puerta a que inmuebles y asentamientos que entren dentro de los parámetros establecidos accedan a servicios tan básicos como agua, saneamiento o luz eléctrica", ha manifestado en rueda de prensa.
Pérez ha adelantado que los populares presentarán en el próximo Pleno una iniciativa para que el Ayuntamiento "haga su tarea" y realice un inventario "en el menor tiempo posible de las edificaciones irregularidades que se encuentren en Suelo Urbano No Consolidado o Suelo No Urbanizable que cuenten con ordenación detallada aprobada definitivamente".
Asimismo, la moción reclamará al alcalde que lleve a cabo el Plan Especial de Adecuación Ambiental y Territorial, paso previo para llevar a cabo la regularización y, por otra parte, constituya una mesa técnica de trabajo y seguimiento donde estén presentes los técnicos municipales, representantes de los vecinos afectados y representantes de los grupos políticos con presencia en el Pleno.
La presidenta del PP ha señalado que el decreto ley rubricado por Juanma Moreno "es una herramienta, basada en la simplificación burocrática y calidad ambiental, que está a disposición de los ayuntamientos que son, al fin y al cabo, los competentes en la ordenación y modelo del municipio". "Dicha herramienta", ha detallado, permitirá" inscribir viviendas irregulares en el registro de la propiedad a través de la figura AFO (Asimilado Fuera de Ordenación) y podrán acceder a servicios básicos, poniendo fin a problemas de salubridad, seguridad o de enganches ilegales de energía".
El reconocimiento de la situación AFO "es competencia municipal", ha remarcado, y para obtenerlo es necesario que hayan transcurrido los 6 años precisos para adoptar las medidas de protección de la legalidad urbanística y que las edificaciones no estén construidas sobre suelos con riesgo de inundabilidad, erosión o deprendimientos. Asimismo, el interesado debe acreditar ante el Ayuntamiento la fecha de terminación de la edificación y que reúne las condiciones mínimas de seguridad y salubridad para su uso adecuado. El plazo máximo para que resuelva la autoridad local es de 6 meses y el silencio es negativo.
Posteriormente, el Ayuntamiento elaborará el Plan Especial de adecuación ambiental y territorial de agrupaciones de edificaciones irregulares que incluya las infraestructuras viarias y de servicios existentes y sus conexiones exteriores, un estudio paisajístico y de viabilidad económica y las medidas que corrijan los impactos de las edificaciones en el territorio.
"La nueva norma da solución, si se involucra el Ayuntamiento, en un plazo máximo en total de entre 12 y 18 meses a un problema para el que hasta ahora había que esperar nueve años de media", ha destacado Pérez.
La presidenta del PP local ha celebrado el paso adelante dado por el Gobierno de Juanma Moreno y ha indicado que en la provincia podrán verse beneficiadas más de 48.000 viviendas, unas 4.800 en la comarca.
