La delegada de Conocimiento y Empleo de la Junta en Cádiz, Gema Pérez, ha visitado este miércoles las instalaciones que la asociación Unión de Parálisis Cerebral (Upace) tiene en San Fernando para mostrar el apoyo de la Junta al empleo y la formación en el sector de la discapacidad en la localidad isleña. Durante la visita, Pérez ha estado acompañada por la alcaldesa del municipio, Patricia Cavada, y el presidente de Upace, José Manuel Porras.
Según informa la Junta en una nota, esta asociación tiene carácter comarcal porque atiende a personas con parálisis cerebral y otras discapacidades de las ciudades de la Bahía de Cádiz, varias localidades de La Janda, e incluso de la Costa Noroeste.
Entre los centros que gestiona Upace-San Fernando se encuentran un centro concertado de educación especial, otro de estancia diurna, residencia para personas gravemente afectadas o un centro especial de empleo, entre otros, que su totalidad dan empleo a 179 personas, un 75 por ciento mujeres.
Al respecto, Pérez ha explicado que el objetivo de esta visita era conocer las instalaciones del centro, así como sus necesidades formativas. Para la delegada, "hay una necesidad de formación en el sector de la dependencia, por lo que desde la Junta de Andalucía vamos a poner en marcha una red de centros formativos en la provincia a través de los fondos de la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) en los que este sector ocupa un lugar fundamental".
Asimismo, Pérez ha aclarado que se trataría de dos centros, uno en la Bahía, concretamente en San Fernando, y otro en Campo de Gibraltar, todavía por determinar. "Es necesario que las personas que se emplearán para cubrir esas 30 millones de horas presupuestadas por el Gobierno andaluz para el servicio de Ayuda a Domicilio puedan atender a los enfermos de manera especializada", ha apuntado.
Por su parte, la alcaldesa isleña, Patricia Cavada, ha agradecido, en primer lugar, la visita de la delegada para tratar asunto "tan relevantes" como es la formación para el empleo en el sector de la dependencia "una de las grandes apuestas de la Junta de Andalucía".
"Hablar de dependencia y del Gobierno andaluz es hablar de sensibilidad, no sólo en relación con la financiación o la asistencia en sí, que vemos en el número de plazas concertadas, sino también en la igualdad de oportunidades, bandera del Gobierno de Susana Díaz, y donde tiene mucho que decir el empleo", ha abundado Cavada.
En este sentido, ha remarcado la importancia de seguir creciendo en este sector por la generación de empleo que ello implica "principalmente empleo femenino", que es "un objetivo que se ha marcado el Cermi y también San Fernando dentro del proyecto de Ciudad de la Inclusión, para seguir creciendo, especializándonos y seguir generando riqueza y empleo".
Cabe destacar que la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio tiene líneas de incentivos económicos destinadas a fomentar el acceso al empleo, así como el mantenimiento y la adaptación de puestos de trabajo de personas con discapacidad tanto en centros especiales de empleo como en empresas ordinarias.
En el pasado año, 2017, la Junta ha incentivado con más de cuatro millones de euros --exactamente, 4.083.981,06-- hasta a 52 empresas de la provincia de Cádiz, mayoritariamente centros especiales de empleo, en concepto de estas ayudas.
En el caso del centro especial de empleo de Upace, Gema Pérez ha detallado que una muestra de este apoyo del Gobierno andaluz para facilitar la empleabilidad de personas con algún tipo de discapacidad son los 123.600 euros con los que ha sido incentivado y que han contribuido a la creación o mantenimiento de 70 empleos en los últimos años.
Estas no son las únicas ayudas de la Consejería de Empleo con las que ha contado esta asociación. En los últimos cuatro años, Upace San Fernando también ha recibido una subvención de la Junta como Proyecto de Interés General y Social Generador de Empleo, así como un Bono de Empleo Joven. Ambas ayudas, por valor de casi 118.000 euros.
Los centros especiales de empleo son empresas que participan en el mercado como cualquier otra, pero en las cuales al menos el 70 por ciento de la plantilla tiene una discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
Pretenden asegurar un empleo remunerado a estas personas, prestándoles servicios de ajuste personal y social, lo que los convierte en una forma eficaz de integración de este colectivo en el mercado laboral y, como ha apuntado la delegada territorial competente en Empleo, favoreciendo su "integración real".
