El puerto de Gallineras, así como otros puertos provinciales, vuelven a contar con el personal de marinería despedido hace más de un año. La lucha coordinada por trabajadores, Comisiones Obreras e Izquierda Unida para su readmisión en los puertos dependientes de la Junta de Andalucía ha dado sus frutos. Gonzalo Alías, coordinador en La Isla de IU, reconoce “satisfacción por la vuelta al tajo de estos trabajadores”.
Izquierda Unida ha denunciado en el Parlamento y en varios ayuntamientos de la provincia que estos despidos reflejaban una clara “persecución sindical” y un “intento de escarmiento a quienes se atrevieron a levantar la voz” a la Administración andaluza.
Sobre este asunto, IU en la provincia de Cádiz siempre ha denunciado la "delicada situación" de la plantilla en los puertos gaditanos. "Ésta se vio abocada a la pérdida de sus puestos de trabajo tras las dudosas maniobras de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, titular de las competencias en esta materia. Dichas maniobras intentaban terminar la relación laboral de los trabajadores, sin valorar ni los años que llevaban desempeñando sus funciones ni que además habían asumido otras superiores a las que legalmente les correspondían".
Desde que comenzaron las resoluciones judiciales que declaraban la improcedencia de los despidos de estos trabajadores, IU redobló sus esfuerzos para lograr una solución. "La APPA comisionó fraudulentamente a estos empleados para funciones que no les correspondían, funciones expresamente reservadas al funcionariado público".
En los meses siguientes, los trabajadores han mantenido que los despidos en realidad eran nulos, por haberse vulnerado sus derechos fundamentales, pero en todo caso se mostraban dispuestos a ser readmitidos para continuar ejerciendo sus funciones ante el continuo abandono del Puerto de Barbate y otros puertos de la provincia.
La parlamentaria de Izquierda Unida por Cádiz, Inmaculada Nieto, ha señalado que “lo logrado se debe a la perseverancia de los trabajadores en la defensa de sus derechos”. Así, apunta que “al colectivo le tocó vivir una situación a la que nunca se tenía que haber enfrentado: Una decisión injusta adoptada por la Junta de Andalucía y que, si no hubiera contado con la presión social e institucional lograda, no habría dado con esta buena noticia”.
Finalmente, el Gobierno andaluz ha dado marcha atrás y ha decidido proceder de la manera más justa y leal hacia los trabajadores, “algo de lo que nos alegramos desde IU”, concluye Alías.
