El reparto de productividades por exceso de jornada que se abona en el Ayuntamiento de San Fernando y sus Organismos Autónomos, "a un determinado número de empleados municipales, mediante una retribución periódica mensual y fija en su cuantía", discrimina al resto de empleados que se han visto perjudicados y sometidos a las reformas del Gobierno de la Nación.
La entrada en vigor de normas como el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, la Ley 2/2012, de 29 de junio de presupuestos generales del estado para 2012 y la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, han modificado materias referentes a la jornada y horarios de trabajo en la Administración Pública.
El Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, determina sobre la reordenación del tiempo de trabajo de los empleados públicos, que a partir del 1 de enero de 2012, y para el conjunto del sector público estatal, la jornada ordinaria de trabajo tendrá un promedio semanal no inferior a las 37 horas y 30 minutos.
La productividad viene regulada en el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de las Retribuciones de los Funcionarios de Administración Local, y en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público para retribuir el desempeño, rendimiento o resultados obtenidos, siendo obligatoria la negociación con los sindicatos para su determinación y aplicación.
La negociación colectiva, que esta pendiente de su aprobación por el Pleno municipal, regula las materias comunes que afectan tanto al personal funcionario como al personal laboral del Ayuntamiento de San Fernando y sus Organismos Autónomos, y contempla un sacrificio al aceptarse una moderación salarial para distribuir de la forma más equitativa posible el esfuerzo de todos los empleados municipales como medidas contra la crisis.
Existe malestar en la plantilla municipal generada por la aplicación efectiva de la normativa estatal y la pérdida de poder adquisitivo, y "por el agravio comparativo con determinados empleados municipales que sin embargo gozan de privilegios y mejoras económicas cuyo rendimiento es imposible valorar con criterios objetivos cuantificables, o han sido resueltas por Decreto de Alcaldía mediante el abono de productividades específicas sin negociación".
SPLI-UPLBA considera que repartir productividades, estando aplazada la aprobación de la negociación colectiva, es una "medida equivocada" del Gobierno municipal porque antes de pedir más sacrificios a los trabajadores y funcionarios deben "controlar los gastos en excesos y despilfarros".
