El Pleno del Parlamento de Andalucía debate este miércoles una Proposición de Ley, de Iniciativa Legislativa Municipal, en defensa de los espacios protegidos y en pro de una planificación ante las energías renovables, promovida por más de 70 ayuntamientos andaluces, muchos de éstos pertenecientes a la Serranía de Ronda.

La propuesta que se presenta para su aprobación pide que se acuerde la suspensión de cuantos procedimientos de instalación, de autorización y evaluación de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, incluyendo sus infraestructuras de evacuación, se estuvieran tramitando, excepto las pequeñas instalaciones renovables de menos de 5 MW vinculadas al autoconsumo y a proyectos de energía comunitaria.

Además, solicita la moratoria temporal inmediata de su tramitación, aprobación y construcción en tanto no se apruebe un marco de planificación en el ámbito territorial autonómico y se establezca un Plan de Transición Energética en Andalucía, ya que el Plan de Acción por el Clima de Andalucía no incluye esta necesaria planificación.

Finalmente, insta a que se abra un periodo de participación pública en relación con la transición energética en Andalucía, que asegure una participación plena y efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones tal y como exige la normativa comunitaria en materia de participación e información pública relativa al medio ambiente.

Los ayuntamientos redactores de la ILM han asegurado en una nota de prensa que “se trata de la primera vez en la historia de la Comunidad Andaluza que más de 70 consistorios de todas las provincias andaluzas y de todos los espectros políticos” elaboran una iniciativa así para “la planificación, la ordenación y la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre la instalación de megaproyectos industriales eólicos y fotovoltaicos en suelo andaluz".

Los promotores recuerdan que “el Reglamento Europeo aprobado a finales de Diciembre de 2022 (UE 2022/2577) exige que los proyectos estén ubicados en zonas específicas de energías renovables y obliga a que esas zonas hayan sido sometidas a una evaluación medioambiental estratégica”, y esto es, junto con la participación ciudadana, “lo que viene pidiendo esta Iniciativa Legislativa Municipal”, secundada por cientos de colectivos, asociaciones y empresas de Andalucía.

Además, señalan que “el Real Decreto-Ley 20/2022 del 27 de diciembre de 2022, omite estos extremos que exige Europa, poniendo en evidencia que en España ni la Ley ni las Administraciones Públicas están dando una respuesta satisfactoria a una transición energética solo deseable si, al mismo tiempo, es justa, inclusiva y sostenible”.

Los ayuntamientos redactores de la Iniciativa Legislativa señalan que “Andalucía ha autorizado 500 proyectos para una potencia instalada de 16.200 megavatios, que habría que añadir a los 9.500 megavatios existentes anteriormente”, además de los proyectos tramitados por el Ministerio, de manera que Andalucía cuenta con 4.063 megavatios de fotovoltaica y 400 de eólica.

También pone de manifiesto que “los municipios se oponen a la forma en la que se está llevando a cabo” estos proyectos, por considerar que “la necesaria y deseada transición energética que se está realizando solo se promueve la especulación y el beneficio económico de grandes corporaciones, sin tener en cuenta el territorio ni el medioambiente”.

Finalmente, recuerda que “actualmente en Andalucía se están tramitando más de 1.000 proyectos de energías renovables que de ser aprobados condenarán a los territorios donde se instalen a ser zonas de sacrificio, afectando muy perjudicialmente y de forma irreversible a los ecosistemas y a la vertebración del medio rural, y destruyendo sectores económicos como la agricultura, la ganadería o el turismo”.

Los colectivos afectados se concentrarán este miércoles ante el Parlamento a la espera de saber si prospera la iniciativa.