El PSOE, que está personado como acusación popular en el llamado 'caso Emucesa', ha solicitado la pena de tres años de prisión y 19 años de inhabilitación especial para el exconcejal del PP de Granada Eduardo Moral y para la hasta ahora concejal de este mismo partido María Francés, que no renovará en la nueva corporación surgida tras las elecciones municipales.
Los socialistas acusan a un total de siete personas por la posible comisión de delitos de prevaricación, malversación y fraude en la obtención de prestaciones a la Seguridad Social y cifran en más de 335.000 euros el fraude en este caso, en el que se investigan supuestas contrataciones irregulares de altos cargos en la empresa gestora del cementerio de San José durante la etapa de gobierno del PP.
El escrito de acusación provisional formalizado este miércoles, y consultado por Europa Press, va dirigido así contra los citados ediles del PP que presuntamente realizaron las contrataciones en sus respectivas etapas como consejeros delegados de Emucesa y contra cinco personas que se beneficiaron de esos supuestos 'contratos fantasma' sin que conste que realizaran trabajo alguno.
Para estos últimos, el PSOE pide penas de entre un año y medio y cuatro años y medio de prisión, además de inhabilitación especial para empleo o cargo público por distintos periodos, pérdida de posibilidad de obtener subvenciones y multas. En contraposición, el PSOE no ha formulado cargos contra el gerente de la empresa gestora del cementerio, que sí ha sido procesado por el Juzgado de Instrucción 9 de Granada.
El PSOE argumenta que estas contrataciones eran ficticias y se realizaban con el propósito de "liberar, con cargo a fondos públicos, a determinadas personas que en realidad trabajarían directamente en beneficio del entonces equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada gobernado por el PP".
Agrega que, aunque en la fecha en la que ocurrieron los hechos no había entrado en vigor la tipificación como delito de la financiación ilegal de los partidos, "se puede establecer claramente una relación directa entre estas contrataciones, en todos los casos de personal afín de la organización del PP, y la financiación de las actividades de esta agrupación política".
"Aprovechando las contrataciones originadas en estas contrataciones que no se correspondían con prestaciones de servicios reales, tres de los cinco contratados acusados cobraron prestaciones por desempleo", expone el escrito.
En el ámbito de la responsabilidad civil, el PSOE reclama que los investigados devuelvan las cantidades percibidas de forma indebida y sitúa a Eduardo Moral y María Francés como responsables solidarios de la totalidad de lo presuntamente defraudado.
