La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada decidirá este martes en sala si suspende o no la vista prevista hasta el día 5 contra el exalcalde de Atarfe (Granada), el socialista Víctor Sánchez, al que la Fiscalía pide cuatro años y medio de prisión, 18 de inhabilitación para empleo o cargo público y multa de 6.000 euros por la posible comisión de un delito continuado de prevaricación ordinaria, otro de prevaricación urbanística y un tercero de malversación de caudales públicos.
El tribunal tendrá que decidir si atender o no a la petición formulada por su letrado, que ha vuelto a alegar su delicado estado de salud para pedir la suspensión, en base además al auto que la misma Sala emitió recientemente con respecto a otro juicio anterior, que archivaba provisionalmente, por esa misma razón, la causa contra él, relacionada con el cambio presuntamente irregular de la edificabilidad de unos terrenos del residencial Balcón de Cubillas.
La Sección Primera acordó ese sobreseimiento "hasta tanto recupere la salud necesaria para el afrontamiento del juicio oral o, en su caso, concurra causa de extinción de la responsabilidad criminal" y ordenó asimismo que se recabasen periódicamente, cada seis meses, informes médicos al respecto.
La vista que se ha programado para este martes, miércoles y jueves fue ya suspendida el 13 de noviembre de 2012 por la propia Audiencia, para determinar si era o no competente para enjuiciar el caso, tras la petición de las cuatro defensas de los acusados en el proceso, que sostuvieron que el auto de incoación de procedimiento abreviado no contemplaba algunos de los hechos incluidos en el escrito de acusación de la Fiscalía.
La Sección Primera aceptó la petición de las defensas y se declaró entonces incompetente, derivando la causa al Juzgado de lo Penal 4, pero la Fiscalía interpuso un recurso de casación contra esa decisión ante el Tribunal Supremo, que finalmente determinó que la causa debía valorarla finalmente la Audiencia Provincial, que por ello acogerá la vista en junio, según han informado a Europa Press fuentes del caso.
En principio, el Ministerio Público atribuye a Sánchez la posible comisión de un delito continuado de prevaricación ordinaria, otro de prevaricación urbanística y un tercero de malversación de caudales públicos, por los que se enfrenta a cuatro años y medio de prisión, 18 de inhabilitación para empleo o cargo público y multa de 6.000 euros.
OTROS INCULPADOS
También están inculpados el consejero delegado de la empresa municipal 'Proyecto Atarfe', Antonio Ibáñez, el arquitecto y el secretario municipales.
Ibáñez y el secretario, José Antonio L.G., se enfrentan a diez años de inhabilitación y tres de cárcel, además de multa de 6.000 euros, por prevaricación ordinaria y malversación de caudales públicos; y el arquitecto, Luis Gustavo G.C., a la misma pena que el exregidor, por prevaricación ordinaria, urbanística y malversación, según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press.
La Fiscalía, que abrió diligencias por este asunto tras una denuncia del PP, mantiene que Sánchez, que además de alcalde era presidente de la empresa 'Proyecto Atarfe, y el resto de procesados participaron en 2005 en una operación urbanística para aumentar la edificabilidad de una parcela situada en la Unidad de Ejecución Residencial número 12 (UER-12), donde hoy existen 12 bloques de pisos con casi 400 viviendas, mediante un estudio de detalle, una figura que no contempla la legislación urbanística en el caso de este tipo de modificaciones, y además vendió el patrimonio municipal obtenido como aprovechamiento urbanístico a un precio inferior a la valoración correcta.
Concretamente, el 8 de marzo de 2005, el entonces alcalde aprobó inicialmente el cambio tipológico de edificación de la parcela, con dictamen favorable del arquitecto, pero sin el preceptivo informe jurídico que debía haber emitido el secretario, y el 31 de mayo de 2005 el estudio de detalle, que incluía los cambios de densidad, recibió el visto bueno definitivo del pleno municipal.
Con esta operación, los procesados consiguieron modificar "ilícitamente" el tipo de construcción permitida en esa parcela, con un aumento de edificabilidad mediante un estudio de detalle, que solo tiene una finalidad meramente complementaria, para realizar ajustes y retoques de última hora en un espacio reducido, de manera que se infringió "manifiestamente" la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA).
Una vez aprobado el estudio de detalle, y en base al cambio de tipología y aumento de edificabilidad recogidas en el mismo, obtenidos "mediante la vulneración de la normativa urbanística", Víctor Sánchez concedió un total de 12 licencias para la construcción de bloques plurifamiliares, con el informe favorable del arquitecto municipal.
Asimismo, el 13 de septiembre se aprobó mediante una resolución el proyecto de reparcelación de la UER-12, en virtud de la cual se adjudicó al Ayuntamiento una parcela de 1.913 metros cuadrados, recibida en compensación del aprovechamiento urbanístico correspondiente. A partir de entonces, los procesados "llevan a cabo la enajenación ilícita del patrimonio municipal, sin cumplir los procedimientos legales establecidos a tal fin".
Sánchez concedió, a petición del consejero delegado de 'Proyecto Atarfe' y previo informe favorable del arquitecto municipal, licencia de segregación de una parcela de 521 metros de la finca obtenida como aprovechamiento, que quedó así con una superficie de 1.392 metros cuadrados, todo "con la intención de proceder posteriormente a la enajenación" de los terrenos. De hecho, esa parcela pasó a considerarse "sobrante" y abría la puerta a la enajenación directa a los propietarios colindantes, en este caso, a la empresa promotora de las obras.
De esta forma, en mayo de 2006 'Proyecto Atarfe' otorgó escritura de compraventa de esa parcela sobrante a una empresa por un precio de 123.000 euros, según la tasación del arquitecto municipal, pero "contraviniendo las disposiciones reguladoras" de la actividad pericial, ya que la valoración correcta sería la de más de 165.000 euros, lo que supuso un "perjuicio para las arcas municipales". Además, con posterioridad, la finca de 1.392 metros también fue enajenada a otra empresa, "infringiendo lo dispuesto en la LOUA" al tratarse de un bien de patrimonio municipal.
Estas operaciones comerciales, según la acusación pública, se llevaron a cabo "con el consentimiento y conocimiento" del secretario municipal y del Consejo de Administración de 'Proyecto Atarfe', que "dejó de desempeñar sus obligaciones como garante del cumplimiento de la ley".
En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía insta la declaración de nulidad del estudio de detalle que se aprobó para aumentar la edificabilidad de los terrenos, de las licencias de construcción concedidas, y de las escrituras de compraventa de las parcelas municipales, o, en su caso, que los acusados indemnicen al municipio de Atarfe en las cantidades no percibidas y que han supuesto un beneficio económico a los intervinientes.
