La Fiscalía Provincial de Granada ha interpuesto querella criminal contra el alcalde de Santa Fe (Granada), el socialista Sergio Bueno, por un posible delito continuado de prevaricación en la contratación temporal de cerca de 200 personas sin expediente y contra el criterio impuesto por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, "a sabiendas" de que estaba cometiendo una injusticia.

   Según consta en el decreto del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, el regidor, "siguiendo un plan preconcebido" realizó, al menos durante los dos primeros meses del año 2012, esa serie de contratos temporales, pese a que la Subdelegación del Gobierno en Granada le alertó de que podía vulnerar el decreto ley puesto en marcha por el Gobierno para la corrección del déficit público (que impedía la contratación temporal), y de que la Secretaría General del Ayuntamiento había emitido un informe en el que advertía de que esa contratación no podía llevarse a cabo.

   Así, todas esas contrataciones, en el marco de un plan social de empleabilidad y lucha contra la crisis aprobado por la Junta de Gobierno Local el 30 de diciembre de 2011 --la misma fecha del decreto del Gobierno--, se hicieron, según el fiscal, "sin la tramitación del correspondiente expediente" que acreditara la excepcionalidad de la contratación para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, como establecía el decreto ley del Gobierno.

   También se hicieron con "ausencia de todo tipo de expediente instruido al efecto en el área de Servicios Sociales" en el que se hiciera constar los datos económicos, familiares, sociales o de cualquier otra índole de las personas contratadas.

   No obstante, "presuponiendo" que se contratasen personas con riesgo de exclusión social, como así aseguró el alcalde, "se desconoce si en la contratación se han cumplido los principios de publicidad e igualdad" exigidos en este caso. Además, esas contrataciones no se financiaron con cargo al presupuesto de gastos, que las habría permitido, y tuvieron informe desfavorable del técnico de Administración General, o sin su dictamen.

   Estos hechos podrían constituir un delito continuado de prevaricación porque, según incide el Ministerio Público, existen indicios de que el alcalde actuó "a sabiendas de la injusticia" que estaba cometiendo, en un decreto firmado por la fiscal jefe provincial de Granada, Ana Tárrago, con fecha 10 de octubre.

   La denuncia que dio paso a la apertura de diligencias contra el regidor partió del PP, que este jueves ha señalado que en total hizo 197 contrataciones, en menos de un mes y medio, y además en la precampaña de las pasadas elecciones autonómicas.

   En rueda de prensa, el presidente local y portavoz del PP en el ayuntamiento de Santa Fe, Juan Cobo, ha censurado que esta querella evidencia el "desprecio total y absoluto a la ley y a las normas" de Bueno, y ha incidido en su "compleja e insostenible situación", porque "ya está imputado por otros dos delitos".

   Por ello, Cobo le ha vuelto a reclamar la dimisión del alcalde y "que actúe con responsabilidad", solicitando además a la secretaria provincial socialista, Teresa Jiménez, que tome medidas al respecto.