Manada

Sin duda alguna, el deleznable caso de la Manada está poniendo en tela de juicio nuestro sistema judicial, lo que no debe tolerarse al ser la máxima garantía que tenemos los ciudadanos en un sistema democrático y de Derecho. No pueden ni deben hacerse juicios sumarísimos en las plazas de los pueblos y los partidos políticos deberían ser los primeros en poner cordura en todo este asunto; mucho más el gobierno actual, debiendo evitar declaraciones populistas. La defensa de la víctima está garantizada con el ministerio fiscal y con sus abogados. No es mi intención defender el auto de puesta en libertad, pero sí reflexionar sobre algunas cuestiones. La prisión preventiva, como medida cautelar limitativa de la libertad, debe ser una medida excepcional que obliga a justificar por qué se impone, no por qué no se impone. Estos indeseables hombres están condenados de momento, porque aún no es firme la sentencia, a 9 años de prisión por abusos sexuales. Y como no es firme la sentencia, todavía no deben cumplir la pena, por lo que, en estricta consonancia con la Ley, no pueden entrar en prisión (definitiva). Llevan en prisión preventiva dos años, el tiempo máximo que permite la Ley. Este periodo máximo de dos años se podría haber prorrogado, aunque no de forma automática, hasta la mitad de la pena impuesta, es decir, hasta los cuatro años y medio. Y esa era la decisión que el tribunal debía adoptar: prorrogar o no el periodo máximo, pero con arreglo a criterios jurídicos exclusivamente, no escuchando la Sexta y otras cadenas, o haciéndose eco del sentir de ciertas manifestaciones perfectamente organizadas y dirigidas que ahora piden lo que antes no pedían, como por ejemplo el rechazo a la prisión permanente revisable e incluso el aplauso a la aplicación de la doctrina Parot, que dejó desgraciadamente en libertad no solo a terroristas sino a otros muchos violadores y agresores sexuales. El tribunal debe apreciar los presupuestos procesales de la excepcional medida de prisión provisional, claramente fijados en la ley y, en caso de que entienda que dichos requisitos no se dan, debe dejarlos en libertad hasta que estén condenados por sentencia firme, adoptando otras medidas preventivas diferentes a la cárcel que garanticen que van a estar a disposición de la Justicia una vez recaiga sentencia firme. Y eso es precisamente lo que han razonado y adoptado, imagino que con sus dudas, porque todos podemos tenerlas. Nuestra Constitución recogió esta garantía del acusado para evitar precisamente el abuso de la prisión preventiva en otras épocas en las que se metía a la gente en la cárcel sin un juicio justo y sin una condena en firme para acallar en muchas ocasiones a la opinión pública. El Derecho penal se auto limita porque se sabe falible. Lo que no debemos hacer es criticar una medida de libertad provisional porque nuestro deseo social sea que paguen la injusticia que cometieron, o porque se pida en una manifestación en la que quizás más del 90 % ni se ha leído el auto que han dictado los magistrados. Si el último Tribunal los condena, entonces mi deseo será que paguen hasta el último día la fechoría que hicieron, pero no puede utilizarse la prisión preventiva como un castigo anticipado, ni como escarmiento, ni como medio para dar satisfacción a la opinión pública. Y, si son condenados, cuando cumplan la condena saldrán a la calle, nos guste o no, salvo que instauremos la cadena perpetua, a la que precisamente se oponen aquellos que ahora se manifiestan. El auto está bien razonado y fundamentado en Derecho, y no es obligatorio que todo el mundo lo comparta, pero debemos de respetar la decisión, nos guste más o menos, porque es nuestra garantía. Mañana quizás alguno de nosotros tengamos que hacer uso de ella y, en ese caso, nos gustaría que alguien reflexionara en el mismo sentido.