La Guardia Civil ha desmantelado en Puerto Lumbreras (Murcia) una red dedicada a la venta ilegal por internet de medicamentos falsificados para el tratamiento de la disfunción eréctil, como Viagra, Levitra y Cialis, en una operación en la que se ha incautado de más de 90.000 pastillas.

Se trata de la mayor intervención de este tipo en España.

En   el transcurso de la operación, se ha arrestado a dos personas, una de nacionalidad holandesa y otra estadounidense, como presuntos autores de un delito contra la salud pública y la propiedad Industrial.

 

Durante el desarrollo de la investigación, la empresa farmacéutica Pfizer, titular de la patente de Viagra, realizó diversos análisis tanto físicos como químicos de las pastillas que vendía la red.

 

Se trataba de una muy buena falsificación en cuanto a su apariencia física, pero que sólo alcanzaba el 68% del principio activo, el citrato de sildenafilo.

 

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de marzo, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que en distintas páginas web colgadas en servidores de varios países, se ofertaban medicamentos falsificados.

 

Se averiguó que la persona que los ofrecía tenía su residencia en una casa de campo de Puerto Lumbreras, donde recibía y almacenaba los productos falsificados procedentes de países asiáticos.

 

Posteriormente, a través de empresas de paquetería o correo postal, los comercializaba a peticionarios de todo el mundo que contactaban con los detenidos a través de internet.

 

Las insalubres medidas de almacenaje sorprendieron a los agentes que accedieron al registro, al comprobar, que por las diversas estancias de la casa de campo donde se guardaban las pastillas falsificadas, había gran cantidad de perros y gatos; así como sus comederos y excrementos.

 

Según un estudio de la Alianza Europea para el Acceso a Medicamentos Seguros (EAASM), el 62 por ciento de los medicamentos que se adquieren a través de Internet son falsos o no cumplen con los estándares de calidad.

 

Los medicamentos falsificados suponen un grave riesgo para la salud de la población, porque, habitualmente, contienen componentes incorrectos o dosis inadecuadas de los principios activos, tanto por exceso como por defecto.

 

Además, no cumplen con ningún control sanitario ni farmacéutico en la fabricación, distribución y almacenaje.