En un comunicado leído por la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, el órgano de gobierno de los jueces ha “lamentado” que en las juntas de jueces celebradas este miércoles una “minoría” de ellos manifestara su voluntad de adoptar “medidas de presión” que considera “precipitadas y que podrían dejar indefensos a los ciudadanos”, en referencia a la huelga del 18-F.
“Es difícilmente comprensible una postura tan drástica en esta etapa crucial de negociación”, añade el Consejo, que recuerda que trabaja junto al Gobierno, las comunidades autónomas y las asociaciones judiciales para modernizar la Justicia y atender las reivindicaciones de los magistrados.
Según las cifras facilitadas ayer por el CGPJ, en las juntas y asambleas celebradas el miércoles, la convocatoria de una huelga en febrero fue respaldada por un total de 829 jueces, lo que equivale a entre el 18 y el 20% del total de la plantilla de la carrera judicial.
La decisión de estos jueces de convocar un paro sin esperar al resultado de las negociaciones que se mantienen con el Ministerio de Justicia no sólo ha molestado al CGPJ, sino a las propias asociaciones judiciales, que planteaban hacer protestas simbólicas el 18-F y aplazar una posible huelga hasta el 26 de junio.
De hecho, ahora mismo está en el aire la reunión que estas asociaciones iban a tener mañana sábado con varios jueces decanos para preparar el encuentro del lunes con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.
El presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, vinculó ayer la huelga del 18-F a la sanción impuesta al juez de Sevilla Rafael Tirado por no ejecutar una sentencia que condenó por abusos a su hija al presunto autor de la muerte de Mari Luz Cortés.
“No valoro las causas; lo único que sé es la secuencia de los tiempos, y es que esto no había sucedido hasta que no hemos tenido el debate en torno a la responsabilidad del juez Tirado”, destacó.
Reiteró, en cualquier caso, que “ayer, hoy y mañana” el Gobierno seguirá dialogando aunque algunos jueces en determinadas partes de España hayan decidido ir a la huelga.
Tampoco los partidos políticos entienden el paro. El portavoz de Justicia de CiU, Jordi Jané, ha mostrado su comprensión hacia las “lógicas” reclamaciones de los jueces, aunque ha precisado que la huelga no es la mejor solución para conseguir sus propósitos.
Otros grupos, como el PP y el formado por ERC-IU-ICV, han solicitado la comparecencia en el congreso del ministro de Justicia ante lo sucedido el miércoles.
El PP ha manifestado hasta ahora que la huelga no es la opción más conveniente, pero ha defendido las reivindicaciones de los jueces.En la petición registrada por ERC-IU-ICV, que cuenta con el apoyo del PNV, se pide también la comparecencia del presidente del CGPJ, Carlos Dívar, en la misma comisión.
A las opiniones sobre la posible huelga se ha sumado la del magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que ha dicho en Salamanca que en su opinión esta medida de presión “no es legal”, aunque ha añadido que respeta la iniciativa de “los que creen que es positiva”. Para Garzón, la huelga de jueces “no es conveniente” y sería “un mal ejemplo” e incomprensible para la ciudadanía.
