Todas las comunidades autónomas han querido instalarse en Bruselas para conocer de primera mano las políticas comunitarias que les afectan, pero sólo cuatro de ellas –las Comunidades Autónomas País Vasco, Cataluña, Galicia y Canarias– han mirado más allá de la capital belga e, incluso, tienen representación al otro lado del charco. 

Si bien muchos gobiernos autonómicos tienen oficinas en Madrid que consideran representación en el exterior, sólo Bruselas concita la unanimidad de las comunidades a la hora de elegir el lugar donde ubicar una delegación de sus gobiernos, dado el interés de todos ellos por estar lo más cerca posible de las cocinas en las que se cuece la política de la Unión Europea. 

Pero a algunas comunidades el interés económico y la relación con los paisanos que han emigrado les ha llevado a instalar oficinas al otro lado del Atlántico, especialmente en Latinoamérica, o en países comunitarios como Francia, Alemania o Reino Unido. 

Es el caso del País Vasco, que, además de la de Madrid, dispone de otras ocho delegaciones en el exterior: Bruselas, México, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, Estados Unidos y Francia, en cuyo mantenimiento se gasta el gobierno autonómico 5,1 millones de euros. 

Una cifra a la que se sumarán a la cantidad de los 1,2 millones de euros que se dedicarán a la apertura este año de una nueva oficina en un lugar todavía no decidido, si bien se barajan tres: Canadá, Berlín o Londres.