Así consta en el escrito que el fiscal Vicente González Mota ha dirigido a la sección cuarta de la sala de lo penal, que dio traslado a las partes de la petición que formuló el pasado lunes la defensa de Otegi, Jone Goirizelaia, para que su cliente pudiera salir de prisión ante "el devenir de los acontecimientos políticos" de los últimos meses.
Según el fiscal, Otegi asegura que esta alegación "desmiente la base de la imputación en este procedimiento", lo que para el Ministerio Público es una "circunstancia ajena al 'devenir procesal'", además de que no aporta pruebas "que desvirtúen" las que hay en la causa.
Al igual que en ocasiones anteriores, cuando el ex portavoz de Batasuna ha reclamado su excarcelación, González Mota considera que Otegi no puede quedar en libertad porque quebrantó la prohibición que tenía para salir del país, cuando se desplazó a Francia en 2009 al menos en dos ocasiones para mantener contactos con etarras.
Por ello, el Ministerio Público estima que la prisión provisional "se efectúa ante la inequívoca voluntad del mismo de no someterse a medidas cautelares menos gravosas" ya que, según manifestó Otegi ante el juez, viajó a Francia "por una causa que merecía la pena".
"El procesado, por tanto, impone su propio criterio al del tribunal en el momento de valorar la pertinencia o no de cumplir las medidas cautelares, por lo que para el aseguramiento y la efectividad de éstas y que no decida el imputado sustraerse de la acción de la justicia, es procedente el mantenimiento de la medida de prisión", subraya el escrito.
Respecto a la situación familiar del padre alegada por Otegi, González Mota recuerda que "en un supuesto similar y en relación a otro procesado en este procedimiento" -Rafa Díez Usabiaga, en libertad bajo fianza de 30.000 euros desde abril para cuidar de su madre- la Fiscalía se opuso a que saliera de la cárcel.
El motivo de ese rechazo era, según el fiscal, que el ex secretario general de LAB alegó una situación familiar, "de cuya realidad no dudamos", sin que en la causa figurase que "la prisión acordada hubiera generado una causa de desamparo familiar", por lo que este argumento no tiene "incidencia alguna" en los criterios jurídicos que "deben presidir la decisión sobre la situación procesal" del acusado.
Otegi ingresó en prisión el 16 de octubre de 2009 por orden del juez Baltasar Garzón y, hasta esa fecha, estaba pendiente de ser juzgado por el sumario 35/02 sobre la subordinación de Batasuna a ETA y la financiación de la banda a través de las "herriko tabernas" y por el que estaba en libertad bajo fianza de 50.000 euros, con comparecencias quincenales y la prohibición de salir del país.
Sin embargo, tras conocer los viajes a Francia de Otegi, la Fiscalía pidió que volviera a la cárcel por la causa de las "herriko tabernas", al haber quebrantado la medida cautelar que le prohibía abandonar el territorio nacional.
El tribunal accedió a la petición del fiscal y ordenó su ingreso en prisión, aunque, a efectos prácticos, la situación de Otegi, que ya estaba preso por orden de Garzón, no varió en nada.
En marzo, la Audiencia Nacional rechazó excarcelarlo tras haber alegado el estado de salud de su familia, aunque un mes después le concedió un permiso para hacer dos visitas a su padre enfermo, por lo que fue trasladado a la prisión donostiarra de Martutene, en la que permaneció casi un mes y desde la que fue trasladado a la de Logroño, donde permanece encarcelado.
El pasado mes de julio, el tribunal rechazó de nuevo poner en libertad a Otegi ante el riesgo de fuga y de que reiterase su conducta criminal.
