Un grupo de creadores de contenido de TikTok ha demandado al estado estadounidense de Montana por su reciente prohibición de la aplicación de vídeo, en medio de dudas sobre la protección de datos que ofrece al usuario.
Se trata de cinco personas residentes en el estado que utilizan TikTok como parte integral de sus negocios o comunidades, y a quienes la prohibición afectaría directa y negativamente.
Según la denuncia, a la que ha accedido la cadena CNN, los creadores comparan TikTok con cualquier otro tipo de medio, y alegan que prohibirlo constituye un delito contra la libertad de expresión: "Montana no puede prohibir a sus residentes que vean o publiquen en TikTok, como tampoco puede prohibir el 'Wall Street Journal' debido a quién es su propietario o a las ideas que publica".
Además de acusar al gobernador del estado, Greg Gianforte, de estar violando su libertad de expresión, también reclaman que la prohibición infringe otros derechos, en contra de la decimocuarta enmienda de la Constitución, que establece, entre otras cosas, la obligación de establecer un juicio justo antes de retirar una libertad a los ciudadanos.
Por su parte, la oficina del fiscal general del estado, Austin Knudsen, ha afirmado a través de un comunicado que "esperábamos una disputa legal y estamos preparados para defender la ley".
Gianforte firmó la ley que prohíbe acceder o descargar esta aplicación este miércoles convirtiéndose así en el primer estado en tomar esta medida. Indicó que tomaba esta decisión para proteger los datos de los estadounidenses de Montana "del Partido Comunista Chino".
Esta controvertida ley, que se produce cuando algunos legisladores han pedido una prohibición nacional de la aplicación, marca un paso más en la restricción de TikTok --cuya empresa matriz es la china ByteDance-- después de que hayan aumentado las preocupaciones de seguridad en Occidente en relación a un posible uso de la aplicación como caballo de Troya para promover propaganda a favor de China o recopilar datos de usuarios.
Las autoridades chinas han denunciado que, tras la cascada de vetos que tuvo lugar en los últimos meses por parte de varios países --EEUU, Reino Unido y la UE-- en dispositivos de la administración pública, se esconde una intencionalidad política sin ningún tipo de justificación tecnológica real.
