La Guardia Civil ha detenido a 35 personas por falsificar tarjetas bancarias, en una macrooperación contra las estafas telemáticas en las que hay 230 perjudicados de seis países.

El dinero estafado supera los 600.000 euros y se había blanqueado más de un millón a través de la criptomoneda bitcoin, según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado, en el que indica que, además de los 35 detenidos, se investiga a otras 22 personas. 

En esta macrooperación, denominada 'Capcana' y dirigida desde la Comandancia de Alicante, la Guardia Civil ha logrado esclarecer un total de 1.020 delitos relacionados con estafas telemáticas. 

Los detenidos son de Guinea Ecuatorial, España, Nigeria, Camerún y Marruecos, según las fuentes, que han indicado que la operación se ha desarrollado en tres fases que han tenido lugar en Alicante, Madrid, Valencia, Murcia, Barcelona, Pamplona, Málaga, Albacete e Illes Balears.

Hay un total de 210 personas perjudicadas por esta estafa en España, y otras 20 en Israel, Dinamarca, Alemania, Francia y Grecia, y la Guardia Civil ha detectado un uso fraudulento de un total de 104 tarjetas bancarias de España y de otros 12 países.

Las investigaciones comenzaron tras una denuncia por una empresa de alquiler de vehículos al detectar un uso fraudulento de las tarjetas con las que contrataban los servicios online.

El primer método que la organización utilizaba era el 'phising", donde el presunto estafador se hace pasar por una persona o empresa de confianza para lograr vía correo electrónico información detallada de las tarjetas de crédito. 

Otra de las formas utilizadas era el 'skimming', que consiste en el copiado de la banda magnética de la tarjeta usada durante la transición para clonarla y usarla de forma fraudulenta. 

El tercer método utilizado por la organización era el 'fraude de ataque Bin', por el que se generan nuevos números de tarjeta a partir de uno real. 

Los miembros de la organización pagaban con las tarjetas falsas hoteles, vuelos, billetes de tren, vehículos de alquiler y efectos informáticos, y los beneficiados abonaban a los cabecillas de la red un precio muy inferior al pagado por estos servicios.

Dos de los detenidos transformaban a través de varias empresas -ubicados en Finlandia, Estonia y Reino Unido- los beneficios obtenidos en bitcoins, y el dinero era blanqueado en Estados Unidos, Guinea Ecuatorial y Benín a través de plataformas de moneda. 

La Guardia Civil ha contado con la colaboración de Interpol, Europol, la Fiscalía Provincial de Delitos Telemáticos y la Fiscalía General de Criminalidad Informática. 

Las diligencias están a disposición del Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante.