La Policía Nacional ha detenido a ocho personas -seis en Salamanca y dos en Málaga y Sevilla- y desarticulado un grupo criminal con más de 65 implicados que falsificaba certificados de estudios para lograr la estancia de ciudadanos chinos en España.
Los responsables de la trama, un matrimonio de nacionalidad china, regentaban una supuesta oficina de mediación con la que los estudiantes contactaban y obtenían los documentos fraudulentos a cambio de unos 1.000 euros, han informado este miércoles fuentes de la Dirección General de la Policía en un comunicado, que mantiene abierta la investigación.
Los certificados, que acreditaban cursos que en realidad no habían seguido, eran confeccionados en la propia vivienda de una ciudadana española que simulaba ser la responsables de un centro de estudios.
De esta manera justificaban uno de los requisitos que exige la normativa de extranjería para obtener la autorización de estancia en España: la realización o ampliación de estudios en un centro autorizado.
Los detenidos están acusados de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental.
La investigación se inició en septiembre del año pasado cuando los agentes constataron la existencia de una gran cantidad de supuestos estudiantes chinos que habían obtenido autorizaciones de estancia en España por estudios.
Muchos de ellos se habían presentado en la Subdelegación del Gobierno de Salamanca con certificados que acreditaban la realización de cursos de Lengua y Cultura españolas en un centro de estudios de la ciudad.
Las investigaciones policiales permitieron determinar que, en el lugar donde se ubicaba el centro de estudios, realmente no se impartían los cursos que figuraban reflejados en los certificados.
La forma de actuar de este grupo criminal consistía en que los ciudadanos chinos que querían permanecer en España contactaban a través de la aplicación de mensajería wechat (muy utilizada por la comunidad china y similar a whatsApp) con los responsables de una empresa de mediación.
Posteriormente, los responsables de la agencia contactaban con una ciudadana española que era la encargada de confeccionar en su propio domicilio los certificados de los cursos que no se llegaban a impartir, y que en teoría versaban sobre Lengua y Cultura españolas.
Una vez realizados los certificados, eran recogidos en persona por los dueños de la agencia de mediación, entregándolos a los falsos estudiantes para que éstos los presentaran junto a su solicitud en la Subdelegación del Gobierno.
En algunas ocasiones era directamente la dueña de la agencia la que presentaba la documentación en Subdelegación, en representación de los estudiantes ficticios.
La desarticulación de la trama y las ocho detenciones se han producido como consecuencia de los registros practicados en los domicilios de los implicados y otro en la oficina de mediación.
En ellos los agentes han intervenido abundante documentación y dispositivos informáticos que están siendo analizados por los responsables de la investigación.
Además se han intervenido 13.500 euros de dinero en efectivo, la mayoría en billetes de 20 euros.
