La investigación por el caso de los ERE fraudulentos salpica a dos hoteles emblemáticos de la Costa del Sol, Don Pablo y Don Pedro, de Torremolinos. La Junta de Andalucía subvencionó al menos con 8.329.548 euros el pago de las indemnizaciones por despido de los trabajadores afectados por los expedientes de regulación de empleo de ambos establecimientos, aprobados en 2004, y que afectaron a 59 empleados.
El proceso llevado a cabo por la Junta de Andalucía no fue del todo correcto, a tenor de un informe técnico elaborado por la Intervención General del Ministerio de Hacienda y remitido al Juzgado 6 de Sevilla, que investiga las irregularidades de los ERE en la comunidad, y al que ha tenido acceso Viva Málaga.
Pagos cruzados
La fórmula utilizada para hacer efectivas las subvenciones, a través de “pagos cruzados” a distintas pólizas , así como el hecho de que se concedieran a la empresa Nexprom S.A,. propietaria de los dos hoteles, mediante la financiación de un seguro de rentas de prejubilación, lleva a los investigadores de Hacienda a denunciar la existencia de “irregularidades e inconsistencias” en la tramitación de la ayuda.
El expediente de regulación se puso en marcha en 2004, cuando los hoteles vivían un mal momento de negocio, acuciado por la crisis que empezaba a sufrir el sector turístico.
Los 59 trabajadores que finalmente se beneficiaron de las ayudas percibieron más de nueve millones en total, y una media de 155.178 euros por persona, incluido un seguro con renta vitalicia.
Según consta en el informe, las subvenciones “pueden constituir una verdadera ayuda directa a la empresa”, ya que corresponde a ésta asumir los compromisos adquiridos en los expedientes. También se incide en que la concesión de estas ayudas puede ser nula de pleno derecho, que se concedieron con cargo a un concepto “inadecuado”, como fue la transferencia de financiación a IFA-IDEA o que se concedieron sin que mediaran los necesarios requisitos de publicidad, concurrencia y objetividad.
La ausencia de fiscalización previa y el hecho de que la Junta asumiera el pago de la póliza de seguros cuyo tomador es la propia firma Nexprom son otras de las presuntas irregularidades.
