La Cámara de Cuentas de Andalucía ha detectado una serie de "anomalías" y "falta de control interno" en el funcionamiento y la gestión contable del Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Málaga), además de apuntar una serie de "irregularidades e incumplimientos" en contratación de personal "con varios contratos podrían incurrir en nulidad de pleno derecho".

   Según el informe de 'Fiscalización de regularidad sobre determinadas áreas del Ayuntamiento de Vélez-Málaga', consultado por Europa Press, se ha fiscalizado la gestión realizada durante el ejercicio 2008, sobre lo que se ha apuntado la existencia de "limitaciones derivadas de la documentación solicitada y no aportada en relación con diversos expedientes".

   El informe apunta que la documentación requerida y no facilitada o aportada con retraso "existía" y recuerda que "no facilitarla en su día supone falta de colaboración con esta institución", de forma que "la falta de control interno ha supuesto también una limitación al alcance".

   Entre las conclusiones de este informe, el ente fiscalizador apunta que "no siempre se ejecutan los acuerdos de los plenos y de la Junta de Gobierno Local", competencia que, según recuerda, está atribuida al alcalde.

   Agrega que también es "muy frecuente", salvo en el caso del Tesorero,  que los informes preceptivos a emitir por los funcionarios nacionales "sean remitidos por secretarios e interventores accidentales".

   El informe apunta que "no hay manuales, ni acuerdos reguladores que garanticen el control interno, financiero y de eficacia y los procedimientos administrativos". Igualmente, se verifican "debilidades" en la función de control y fiscalización interna en la gestión de ingresos, gastos, inmovilizado y contratación.

   "La documentación administrativa no siempre contiene los requisitos exigidos y la mayoría de los expedientes administrativos examinados no constituyen un conjunto ordenado de documentos y actuaciones", agrega el informe.

   Asimismo, agrega que el presupuesto general y su liquidación "se aprueban fuera del plazo legalmente establecido" y además, la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento y sus entidades dependientes "incumplen el objetivo de estabilidad presupuestaria".

   El informe apunta que, analizando el remanente de tesorería, la dotación por derechos de difícil o imposible recaudación, ascendería a 36 millones de euros y, el remanente pasaría a ser negativo por un importe aproximado de 13 millones de euros.

   Se ha comprobado que "no se contabilizan los compromisos de gastos de carácter plurianual, ni los compromisos de ingresos para ejercicios futuros".

   Agrega que "no existe conexión entre el sistema informático del Patronato de Recaudación Provincial y la contabilidad municipal, realizándose el traspaso de datos del patronato a la contabilidad del Ayuntamiento de forma manual, lo que retrasa su reflejo presupuestario al final del ejercicio".

   El informe del ente fiscalizador apunta una serie de "anomalías" en las modificaciones presupuestarias, esto es, "diferencias entre los importes aprobados y contabilizados; falta de firma en los documentos; aplicación a partidas distintas de las aprobadas o no existencia de remanente".

   En el caso de los expedientes de generación de crédito, algunos se destinan a actuaciones que "ya tenían crédito suficiente y otros no se aplican a la finalidad para la que se tramitaron".
GASTOS SIN CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

   Asimismo, el informe apunta que, a 31 de diciembre de 2008, existían gastos sin consignación presupuestaria por 10 millones, cuyas facturas se habían recibido en 2008, sin haberse contabilizado.

   Agrega que en el período 2008 a 2010 se ha realizado el reconocimiento extrajudicial de créditos por importe de seis millones, derivados de gastos realizados entre 2000 y 2009.

   En cuanto a las entidades dependientes, a 31 de diciembre de 2008, el saldo contabilizado por la Empresa Municipal de Servicios, Vivienda, Infraestructuras y Promoción de Vélez-Málaga (Emvipsa) en concepto de deuda del Ayuntamiento, es superior en dos millones al contabilizado por la Corporación.

   En el ejercicio 2008, se reconocieron obligaciones, a favor de Emvipsa, por importe de siete millones de euros, correspondientes a prestación de servicios y ejecución de obras, "no estando la empresa formalmente constituida como medio propio". Por otra parte, en la plantilla de la empresa "no figura personal cualificado para la ejecución de obras, con lo que las subcontratas incrementan los costes".

   Apunta una serie de perjuicio para las arcas municipales al efectuar en 2010 la liquidación de los cánones por derechos de superficie de los ejercicios 2007 a 2010.

   A 31 de diciembre de 2008, existían ingresos en cuentas operativas pendientes de aplicar a Presupuesto, por importe de dos millones, correspondientes a subvenciones recibidas, cuya recaudación y/o reconocimiento presupuestario se realiza en ejercicios posteriores.

   El informe indica que desde 2006 se incluye en el presupuesto una previsión de ingresos por dos millones que no se ejecuta, "lo que hace dudar de la viabilidad del ingreso".

   Apunta que "irregularidades" en los expedientes de transferencias corrientes y de capital recibidas, que denotan "falta de transparencia y de control interno".

   Asimismo, el informe detecta que la relación de puestos de trabajo "permite que la adscripción a un mismo puesto sea funcionarial o laboral, situación que no tiene cabida en el ordenamiento jurídico".

   Además, se ha comprobado que en el inventario "no se incluyen los bienes y derechos revertibles constituidos por la Corporación, detectándose diferencias entre el inventario y los estados contables". Indica que el 27,8 por ciento de los bienes inmuebles no está inscrito y no se encuentra constituido el Patrimonio Municipal del Suelo.

   En el análisis de los deudores, el informe pone de manifiesto que, a 31 de diciembre de 2008, de los 46 millones de euros de derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados, el 69 por ciento (32 millones) tenía una antigüedad superior a cinco años y su recaudación durante el ejercicio fiscalizado fue de 0,7 por ciento. De este conjunto, más de 23 millones se reconocieron en la década de los 90 y por conceptos que, "por su naturaleza, no van a poder ser recaudados".

   Agrega que hay derechos pendientes de cobro "duplicados", ya que no se anularon en el ejercicio inicial los derechos objeto de aplazamiento, pero sí se incluyeron de nuevo en el ejercicio de vencimiento. Por otro lado, los deudores a los que se les ha requerido información reconocen una deuda con la Corporación inferior en seis millones, respecto a la que figura en los estados contables.

   El informe agrega que no se ha facilitado la relación de deudores por operaciones no presupuestarias, cuyo saldo ascendía a dos millones.
51 MILLONES DE DEUDA VIVA

   En cuanto al endeudamiento financiero, la deuda viva a 31 de diciembre de 2008, ascendía a 51 millones de euros, incluyendo los préstamos y anticipos concertados con las empresas Aqualia y Althenia y el aval prestado a Emvipsa.

   El informe constata que el 23,3 por ciento de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados "tienen una antigüedad superior a cinco años".

   El informe recuerda las "numerosas" sentencias sin ejecutar que provocan un "grave perjuicio" para el recurrente y para la Hacienda Local y recuerda asimismo que también la gestión de recursos humanos ha sido objeto de "múltiples reclamaciones" ante los tribunales.

   Se han detectado "irregularidades e incumplimientos" en materia de contratación, de forma que "varios contratos podrían incurrir en nulidad de pleno derecho".