Problemas en la cimentación obligan a
redistribuir a los 262 alumnos y a una treintena de profesores del colegio público Domingo Lozano de Málaga capital a otros colegios de la zona. “Movimientos en el suelo, que afectan a toda la barriada”, ha dicho Sylvia Frey, directora del CEIP, son los causantes de las deficiencias estructurales del edificio, por los que
se mantenían clausuradas cinco aulas hasta ahora.
Un comunicado de la Junta informaba ayer que “
se llevan observando durante años” problemas edificatorios en el centro y los resultados del último informe de seguimiento de la Gerencia de Urbanismo
recomendaban cesar la actividad académica en las instalaciones. Aunque este último estudio geotécnico y patológico, tanto del edificio como del terreno, descarta problemas locales de subsuelo, advierte de una cimentación “deficiente” que
podría generar problemas a medio o largo plazo.
El edificio “
no se va a derrumbar de aquí a mañana ni mucho menos, pero han visto que podemos estar mejor en cualquier otro sitio”, ha dicho Frey, asegurando que es solo una medida preventiva “por si las moscas”. La noticia ha despertado
“tristeza” por tener que marcharse e “intranquilidad” entre las familias, pero confía en que al volver “a una normalidad en otro lugar, nos tranquilizaremos todos”.
El colegio
mantiene sus clases con normalidad estos días, porque se va a “aprovechar” el
periodo no lectivo de las vacaciones de Navidad para hacer el traslado: “Están desde la delegación buscando las mejores ubicaciones para las familias, alumnado y profesorado”. La redistribución se va a realizar en centros cercanos para “no fastidiar mucho el día a día de las familias”. Además, la directora ha aclarado que “
seguimos siendo CEIP Domingo Lozano, pero en otro sitio, con los mismos profesores, niños y proyecto educativo”.
En enero, ha indicado, se abordarán los plazos y se hablará del futuro del edificio que
el 22 de diciembre cerrará sus puertas para no abrirlas tras las fiestas navideñas. Estos días se está llevando a cabo los trabajos de coordinación entre los centros afectados, la Delegación Territorial, el Ayuntamiento y la Agencia Pública Andaluza de Educación.