Ana Andrés Alcaide (STAJ) y José Miguel Ruiz (CSIF), funcionarios de la Administración de Justicia en Málaga y representantes de dos de las cuatro organizaciones sindicales que a nivel nacional han convocado una huelga indefinida en los juzgados de todo el país, no ocultan su preocupación por cómo el Ministerio de Justicia ha planteado la negociación laboral, no sólo para los 45.000 integrantes de los cuerpos de Gestión Procesal, Tramitación, Auxilio Judicial y médicos forenses, sino para los que son sus 'jefes' en los tribunales, los secretarios judiciales (hoy LAJ).    A ellos, el departamento de Pilar Llop ha subido las nóminas entre 430 y 450 euros brutos al mes de aquí a final del 2024, tras dos meses de huelga, y dejando al 93% de la plantilla ministerial pendiente de una oferta.    Y en apenas una semana, la indignación y el malestar ha entrado en las Ciudades de la Justicia del país, cuando el Ministerio ha ofrecido otros 46 millones de euros más, para mejorar los sueldos de los 5.600 jueces y 2.700 fiscales de toda España.    Ambos funcionarios ingresaron en el departamento de Justicia en 2008, y conocen por dentro cómo están muchos de los tribunales de Andalucía, con competencias transferidas a la Junta.    "Los juzgados de Málaga están colapsados por la litigiosidad tremenda que tenemos en la provincia. Con toda probabilidad, este año 2023 un juzgado de Primera Instancia puede llegar a tener de media unas 3.000 demandas registradas, cuando el módulo que fija el Ministerio es de unas 700 demandas anuales. El año pasado superamos ya las 2.500. El retraso llega también a los juzgados de lo Social y a los Contencioso-administrativos, que están señalando juicios con cerca de dos años vista", explica Ana.   La Memoria Anual del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) describe una situación de retraso endémico para dar respuesta a los pleitos de ciudadanos y empresas. "Se precisarían unos 20 órganos judiciales más en Málaga y 200 plazas de funcionarios. Movemos más carga de trabajo que los compañeros de Sevilla y, sin embargo, tenemos menos juzgados", apostilla Ruiz, que ha trabajado en Madrid, Estepona, Fuengirola y en la Audiencia Provincial malagueña.          Trabajan atascados de legajos y expedientes digitalizados, que en muchas ocasiones se bloquean en las pantallas del ordenador, por el mal funcionamiento de servidores, o de la aplicación informática que Justicia no ha modernizado. Y es en este escenario, donde los 1.900 funcionarios de Málaga, de los cuatro cuerpos generales, han visto como la negociación de sus condiciones laborales se ha ido "contaminando por clases".   "NOBLES Y SIERVOS"   Durante el último año, la crispación en el ambiente de trabajo ha aterrizado en las oficinas judiciales. Hasta el punto que el sindicato CSIF, mayoritario, ha llegado a calificar esta semana las ofertas del Ministerio de Justicia para sus empleados de discriminatorias por "clasistas", distinguiendo entre "nobles y siervos". Incluso en el trato en la mesa de negociación.    Y cada colectivo de jueces, fiscales, secretarios judiciales (LAJ) y funcionarios han ido llamando a la puerta del Ministerio, y materializando sus convocatorias de paro dependiendo de la respuesta que daba el equipo de Pilar Llop.   "Todo el mundo tiene derecho a ejercer la huelga. Los letrados lo han hecho y en los dos meses que han estado se ha producido un colapso mayor. Hay que decir que, durante la misma, muchas de las funciones que nos correspondían a los funcionarios de Justicia se nos han impedido realizar en beneficio de sus propias reivindicaciones. Nosotros hemos sido muy solidarios con ellos, pese a las actitudes que hemos visto en algún juzgado", explica la delegada de STAJ.   Los representantes sindicales recuerdan que informaron al Ministerio y a la Junta de Andalucía respecto a que muchos juicios se tuvieron que suspender, en febrero y marzo, "cuando habitualmente los secretarios no están presentes en los mismos,  puesto que como está establecido se graban ahora solo con la presencia del juez y de un funcionario. Posteriormente, los LAJ pueden visionarlos para dar fe digitalmente de la grabación. Pero las vistas orales de los juicios podrían haberse realizado, porque esa firma se hace muchas veces al día siguiente", señalan.       Por ello, los cuatro sindicatos convocantes de la huelga de funcionarios, entre ellos también UGT y CC OO, reclaman con este paro indefinido que se delimiten cuáles son las tareas de los letrados y cuáles son las de los funcionarios ("funciones claras, retribuciones justas", es uno de sus lemas en la calle).    Es el caso del Siraj, el servicio informático judicial donde se registran las penas de los condenados por sentencia, las órdenes de protección y las medidas cautelares, y cuyo trabajo, dicen, corresponde a los LAJ. O también los movimientos y pagos de las cuentas de consignaciones judiciales, con claves que tienen los secretarios. Son éstos quienes autorizan, en muchas ocasiones, a los funcionarios a realizar estos abonos o transferencias, agilizando así los trámites en las oficinas judiciales.   Añaden, además, que las comparecencias en los juzgados se tienen que realizar en presencia del secretario judicial. "Pero ésto se obvia y los apoderamientos 'apud acta', por ejemplo, los hacen compañeros de Tramitación cuando la ley establece que deben estar los secretarios", explica José Miguel Ruiz.    DEMASIADO TRABAJO PARA UN LETRADO JUDICIAL   Pero en su descargo, la delegada de STAJ recuerda que en las reformas judiciales del 2009 y 2013 "se dieron una cantidad de funciones a los letrados judiciales que no son asumibles por una sola persona. Y esas tareas que no pueden materializar ellos, terminan siendo delegadas en nosotros, los funcionarios de Justicia. De este modo, asumimos una serie de responsabilidades que no nos corresponden", insiste.   Ha sido en el último año y medio, cuando el Ministerio de Justicia, por indicaciones de la Unión Europea, ha exigido  a España para poder recibir fondos comunitarios tras la pandemia, que modernice la Justicia a través de la nueva Ley de Eficiencia Organizativa (LEO).   "Esta nueva norma, que no se está negociando con los sindicatos, no solo afecta a este tipo de funciones, sino también a la movilidad de los funcionarios. Quieren modificar la estructura de los juzgados de tal modo que se crearán Unidades Procesales de Tramitación (UTRAM), lo que supondría desnaturalizar nuestros puestos de trabajo moviéndonos de un lugar a otro como sucedería con una brigada de incendios, que moviliza a los retenes para apagar fuegos", explica Ruiz.   El proyecto, que está en tramitación parlamentaria, comportaría convertir los órganos unipersonales actuales, como los de Instrucción o Contenciosos-administrativos, en donde ahora hay un solo magistrado, en Tribunales de Instancia, y transformar los juzgados de Paz de los municipios en Oficinas de Justicia.    Así, los 3.627 juzgados que hay en España (de Primera Instancia, Instrucción, Penales o Mercantiles) se quedarían en unos 3.000 órganos adscritos a 431 Tribunales de Instancia, cuya cifra corresponde hoy a 431 partidos judiciales.     PETICIÓN SALARIAL   ¿Y cuál es su reclamación económica con esta huelga?   "Calculamos que hemos perdido estos últimos años un 17%, y por ello pedimos una subida de entre 430 euros para los médicos forenses, 400 los gestores, 375 tramitadores y 350 para el personal de auxilio judicial. Con esa cantidad no cubriríamos esa pérdida de poder adquisitivo, pero sabemos de las condiciones económicas del país y la solicitud es razonable. Es también proporcional con respecto al incremento que se ha hecho a los LAJ y a la masa salarial ministerial. En enero pasado ya se subió a los secretarios 207 euros, por lo que cobrarán más de 600 euros", dice Ana Andrés, que lamenta que el Ministerio haya negociado con las asociaciones de secretarios un segundo incremento este año, "mientras que a los sindicatos de funcionarios no se no haya hecho ni siquiera una oferta durante esta huelga".   Con esas cantidades, el Ministerio de Hacienda debería poner en la mesa unos 200 millones de euros anuales para los funcionarios, que se suman a los 22 de los LAJ, y otros 46 millones que ya ha ofrecido para jueces y fiscales. Total, unos 268 millones para parar esta 'guerra salarial' en Justicia.   La crispación es tal que dos sindicatos de funcionarios (CSIF y STAJ) han recurrido en la Audiencia Nacional el acuerdo económico del 28 de marzo con sus 'jefes', por entender que se ha hecho al margen de las centrales sindicales, y perjudicando a la mayoría de los empleados judiciales.    "Teníamos con el Ministerio un acuerdo de mejora para todos los cuerpos, incluidos los secretarios, y ahora lo han torpeado en favor de los LAJ, que han ido por libre con sus asociaciones y en su propio beneficio", sostiene José Miguel Ruiz.   Esta semana la protesta ha llegado a las sedes de Marbella, Estepona, Fuengirola, Torremolinos, Vélez y a la Gerencia de Justicia de Málaga capital.