Todo comenzó hace una semana. La delegada municipal de Empleo, Laura Álvarez, confirmó que el Ayuntamiento de Jerez había quedado excluido de los planes de empleo que se acogen a la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, ya que estas ayudas, que dependen de la Junta de Andalucía, dejan fuera a las instituciones condenadas por sentencia judicial firme, por despido improcedente o nulo, en el año inmediatamente anterior a la apertura de la convocatoria de las ayudas. Es decir, dejan fuera al Ayuntamiento de Jerez, que cuenta con dos sentencias firmes por despido improcedente y otras dos por despido nulo, “como consecuencia del ERE arbitrario del anterior gobierno del PP. Por este motivo -recalcaba Álvarez- los jerezanos sin empleo se verán privados de la posibilidad de contar con este recurso tan importante para ellos”.
En realidad, lo que hizo Laura Álvarez fue llevarse el asunto al terreno del debate y el enfrentamiento político, y dejar las posibles soluciones para más adelante. Tan para más adelante, que fue el PP el que terminó anticipándose a la hora de aportar una de las posibles soluciones: un informe jurídico entregado tanto al Ayuntamiento como a la Junta de Andalucía en el que se recalca la “inconstitucionalidad” del requisito que se exige cumplir al Ayuntamiento, ya que no perjudica al ente sino al ciudadano.
El Gobierno local también ha movido ficha y ha implicado de lleno a la Junta de Andalucía en la solución tan probable como necesaria: que el Ayuntamiento no se quede fuera de la convocatoria de ayudas para impulsar medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo, a través, fundamentalmente, del programa Emple@Joven y Emple@30+.
El movimiento se escenificó este viernes en Jerez con motivo de la visita del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, quien aseguró que la Administración andaluza ya “trabaja en la fórmula” para evitar que el ERE municipal que aplicó el gobierno local del PP en el consistorio jerezano en 2012 le impida beneficiarse de los planes del empleo de la Junta -la solución, pues, está en marcha, pero que nadie olvide que ha habido que buscarla por culpa del PP, parece ser la consigna para mantener abierto el debate político-.
En cualquier caso, Jiménez Barrios ha llamado a la “prudencia” y ha considerado “prematuro” ese extremo, tras mostrarse “casi seguro” de que “encontraremos una solución”. Así, ha afirmado que el caso de Jerez “tiene una explicación” y se ha referido a las alegaciones que incluyeron las propias centrales sindicales a la última ley aprobada en el Parlamento andaluz para impulsar estos planes contemplado “algunas limitaciones” para los ayuntamientos que provengan de “situaciones de dificultad con sus empleados”.
Por ello, ha indicado que en la actualidad hay técnicos de la propia Junta y de distintos ayuntamientos --dado que el caso de Jerez “no es el único”-- trabajando para “encontrar una salida” para que los jerezanos puedan disfrutar de los planes de empleo y de esta manera “paliar el drama de no tener empleo”.
El PP, por supuesto, ha llevado la cuestión a su propio terreno, y Antonio Saldaña, en calidad de secretario general del PP en la provincia y de parlamentario andaluz, respondía al vicepresidente exponiendo que “con la ley de la Junta muchos desempleados no podrán acceder a los planes de empleo”, y ha pedido a Jiménez Barrios “que no escurra el bulto porque sabe perfectamente que este no es un asunto exclusivo de Jerez y que afecta a muchos ayuntamientos de Andalucía que no están al día con Seguridad Social, Hacienda o con el cumplimiento de la devolución de subvenciones”.
Saldaña ha resaltado que “ahora el PSOE quiere aparentar que está buscando una solución para Jerez, pero la realidad es que han cometido un grave error con una Ley cuya aplicación sería inconstitucional y que tendrán que arreglar para muchos ayuntamientos andaluces”.
El informe jurídico
El argumento de la “inconstitucionalidad” se basa en un informe jurídico elaborado por el PP de Jerez en el que se exponen que las razones argumentadas para la exclusión del Ayuntamiento jerezano son “contrarias al orden constitucional”, ya que “implicaría automáticamente para el programa concreto la exclusión y por tanto la discriminación indirecta de los ciudadanos con residencia en Jerez”, lo que va en contra de lo dictado en la Constitución.
La alcaldesa, a raíz del citado informe, ya apuntó que lo que “buscamos son soluciones” a este problema, aunque apostilló que “si se pringan -en alusión directa al PP- es porque saben la responsabilidad que tienen en todo esto”.
5,3 millones en planes de empleo para Jerez
El delegado del Gobierno en la provincia, Fernando López Gil, ha puesto el ejemplo del presupuesto que se destina a algunas de las mayores localidades de la provincia. Así, Jerez cuenta con una consignación de 5,3 millones de euros.San Fernando recibirá 3 millones y Cádiz 2,8 millones.
Planes con nuevas denominaciones
El programa Emple@Joven vuelve a facilitar la contratación en la Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria de los jóvenes menores de 30 años, mientras que el programa Emple@25+ vuelve a denominarse Emple@30+ y a dar cobertura a los desempleados de 30 años en adelante.
