Un total de 180 profesionales se encuentran actualmente inscritos en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía, dependiente de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en la provincia de Cádiz. La Junta de Andalucía es la encargada de impulsar una red de profesionales que permite acercar este mecanismo alternativo de resolución de conflictos familiares a todos los andaluces y andaluzas, independientemente del lugar donde residan. Así, en toda la comunidad, hay actualmente 1.324 profesionales.
El Gobierno andaluz ha dado los pasos necesarios para mejorar este servicio ya que hasta ahora si una persona quería acudir a la mediación familiar debía desplazarse a la capital de su provincia. Frente a ello, con la configuración de esta red profesional para la mediación familiar se posibilita que el servicio se acerque a la ciudadanía, algo que supone un considerable ahorro de tiempo y desgaste personal en todos los miembros de la familia, sobre todo en los menores. La delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Miriam Alconchel, ha destacado que “entre los beneficios de la mediación, se encuentra que en un 40% de los casos se llega a un acuerdo mediante este proceso, sin necesidad de juicio”. Asimismo, según datos de un estudio realizado por el Banco Mundial en 2012, la mediación es cinco veces más rápida en la resolución de conflictos que el ámbito judicial.
La mediación consiste en que un tercero ayuda a dos o más partes, con el consentimiento de éstas, a prevenir, gestionar o resolver un conflicto, y que estos puedan alcanzar acuerdos en el entorno de la familia. El impulso a esta iniciativa constituye una de las líneas de trabajo estratégicas de este departamento dentro del marco de la prevención en materia de familias y menores.
En la provincia de Cádiz, el número de personas inscritas en el Registro Público de Mediación son 180. Este listado, al que se accede desde la página web de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales (www.juntadeandalucia.es/salud), ofrece garantías a la mediación en cuanto a la cualificación de los profesionales, ya que la formación específica establecida es requisito indispensable para la inspección en el Registro. Los mediadores son profesionales de titulación universitaria o de grado en las disciplinas de Derecho, Psicología, Psicopedagogía, Sociología, Pedagogía, Trabajo Social o Educación Social que han acreditado una formación específica o experiencia en este campo.
En el caso de la provincia gaditana, los mediadores se encuentran repartidos entre 28 municipios, siendo las poblaciones con mayor número de personas mediadoras inscritas Jerez de la Frontera (42), San Fernando (19) y El Puerto de Santa María (18).
Proceso de mediación
Cualquier persona interesada en acudir a la mediación familiar puede dirigirse al Registro de Mediación donde encontrará el listado de profesionales disponibles por provincias. El proceso comienza con la firma de un contrato de mediación entre las partes que establece que se comprometen a participar. Tras esto se realiza la recogida de información, la creación de un plan para abordar los temas, la negociación y finalmente el acuerdo final que, en algunas ocasiones, puede llegar a registrarse como documento público. El proceso completo suele durar una media de tres meses.
Entre los conflictos que se pueden resolver a través de la mediación destacan el establecimiento de las medidas patrimoniales tras una separación (antes de presentar la demanda de mutuo acuerdo); la ejecución del régimen convivencia, el régimen de visitas con los hijos e hijas, abuelos y abuelas, la pensión de alimentos, o la vivienda tras un proceso de separación; la modificación un convenio regulador o para resolver un conflicto entre parientes por el cuidado de una persona dependiente. También puede afrontar problemas de convivencia entre padres y madres e hijos o hijas o las relaciones de los menores con sus parientes, así como los casos de acogimiento familiar o adopción.
Pueden acogerse voluntariamente a la figura de la mediación familiar personas casadas, parejas de hecho, parejas sin vínculo conyugal pero con hijos e hijas comunes y familiares hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad. El procedimiento también está abierto a personas adoptadas o acogidas y sus familias biológicas, adoptivas o acogedoras, así como a aquellas que ejercen la tutela sobre menores o sobre personas en situación de dependencia.
Turno de oficio
La apuesta de la Junta por la mediación familiar representa además un apoyo firme a las personas más vulnerables y que están en peor situación, ya que éstas accederán gratuitamente, a través de un turno de oficio, a estos servicios.
En concreto, el requisito para solicitar la gratuidad del servicios por parte de la ciudadanía es, con carácter general, que la unidad familiar de los solicitantes no supere el doble del Indicador Público de Renta a Efectos Múltiples (IPREM) vigente en el momento de la petición, o el cuádruple de dicho indicador cuando la persona solici-tante ostente la condición de ascendiente de una familia numerosa de categoría especial (de cuatro o más hijos) o se trate de una persona con discapacidad.
Los profesionales inscritos en el Registro pueden voluntariamente solicitar su inclusión en el turno de oficio para prestar estos servicios en los casos en los que corresponda la gratuidad o cuando no haya acuerdo entre las partes en la designación de la persona mediadora.
En los casos de mediación familiar gratuita para las personas usuarias, la Administración abonará 55 euros (incluidos impuestos) por cada sesión del servicio al profesional designado, con un máximo de seis sesiones en el plazo de tres meses, salvo que se autorice una prórroga. Si el beneficio de la mediación familiar gratuita solo le fuera reconocido a alguna de las partes en conflicto, la otra parte o partes tendrán que abonar a la persona mediadora el coste de la mediación que proporcionalmente le corresponda con arreglo a la tarifa establecida.
Desde el año 2001 hasta ahora, la Junta de Andalucía desarrollaba programas de mediación familiar e intergeneracional a través de entidades colaboradoras que actuaban en cada una de las capitales de las provincias andaluzas, si bien a partir de ahora la Administración vertebrará esta actividad a través del Registro de Mediación Familiar de Andalucía, de manera que ello revertirá, por lo tanto, en la cercanía y calidad del servicio, así como en las garantías para los profesionales y los beneficiarios del mismo.
