La Abogacía del Estado presentó este martes un recurso contencioso-administrativo contra la instalación de esas dos señales de tráfico, pidiendo en su escrito la suspensión inmediata del acuerdo municipal impugnado, con el carácter de suspensión cautelar provisionalísima, y criticando que es la preparación de un peaje que calificó de “aduana interior de origen medieval”. En sus Fundamentos de Derecho la Abogacía argumentaba su petición de suspensión cautelar en la “gravedad de la infracción” cometida por el Ayuntamiento linense al colocar los discos de prohibición de giro a la izquierda en el acceso a Gibraltar y obligar a todos los vehículos, incluidos los camiones con mercancías peligrosas, a acceder por un mismo carril y una misma cola.
Esta petición ya está fundamentada jurídicamente y la consecuencia es que se retirarán las señales con carácter inmediato. A media tarde de ayer las señales seguían colocalas, aunque a efectos prácticos no cambiaba nada ya que la aduana gibraltareña cierra a las 16.00 horas por lo que el tráfico de vehículos pesados volverá a su rutina habitual de girar a la izquierda procedentes de la ciudad deportiva.
El diputado nacional socialista y presidente de la Comisión de Fomento del Congreso, Salvador de la Encina, mostró ayer su “absoluto respeto” a la decisión judicial, que acogió con “satisfacción”, y destacó que “confirma la tesis de que la actuación del alcalde perjudica a los ciudadanos, que esta medida era ilegal y que cometía el Ayuntamiento una infracción grave prohibiendo la entrada y salida a un recinto aduanero y obligando a acceder a todos los vehículos en una misma cola”.
“Nuestra tesis se confirma no sólo políticamete sino también ahora y más importante, a nivel judicial”, destacó De la Encina, instando a esperar a que el juzgado se pronuncie de forma definitiva (en pocos días) pero incidiendo en que el recurso de la Abogacía del Estado es “muy sólido y consistente” y pone de manifiesto que “el Gobierno de España está defendiendo los intereses de todos los ciudadanos que han visto atropellados sus derechos por esta medida”.
A juicio del diputado la actuación de Sánchez responde a “un planteamiento político irresponsable de enfrentamiento con el Gobierno” más que a “querer defender los intereses de su municipio”.
El peaje “sigue adelante”
Por su parte, el equipo de gobierno linense, una vez conocido el auto del Juzgado Contencioso-Adminsitrativo algecireño, único en la comarca para tratar estos asunto, aseguró que se allanará en el proceso abierto a instancias del Estado, aunque advirtió que sigue adelante “decididamente” con el proceso de implementación de la tasa de congestión, conocida ya popularmente como peaje. Así, ha argumentado que “no vamos a caer en la tentación de montar un espectáculo judicial entre el Gobierno de la Nación y la ciudad española de La Línea por una señal de tráfico, para mayor regocijo de los gobiernos de Reino Unido y Gibraltar, y a pesar de la decisión que claramente va en contra de la ciudad y en beneficio del Peñón”.
“Hay que recordar que la aludida señal de tráfico en litigio nacional es como consecuencia de una agresión que al ordenamiento del tráfico realizó el Gobierno de la nación el pasado sábado por la mañana, provocando la prioridad del tránsito a los vehículos que salen del Peñón y en detrimento del tráfico linense que cruza por delante de la salida de la Verja”, matizó el equipo de Gobierno municipal.
Arenas defiende que el alcalde necesita “colaboración y no batallas”
El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, consideró ayer un “monumental ejercicio de hipocresía” el recurso contencioso-administrativo presentado por la Abogacía del Estado. Arenas señaló que lo que necesita el alcalde de La Línea es “colaboración” del Gobierno de la Nación y de la Junta y lo que “le sobra” es la “batalla institucional que tiene organizada el PSOE” desde ambas instituciones.
En esta línea, el líder del PP andaluz criticó la “extraordinaria rapidez” de la Abogacía del Estado para reaccionar ante esta cuestión y que, sin embargo, no exista ningún tipo de reacción ante las “continuas afrontas” contra la identidad nacional de los españoles.
“Parece mentira que no reaccionen con las cosas que pasan con la Guardia Civil en Gibraltar, cuando se producen rellenos, cuando se discuten nuestras aguas jurisdiccionales, cuando se producen actuaciones con nuestra bandera y, que sin embargo actúen con total prontitud y con todas las consecuencias, frente a una señal de trafico”, señaló.
“Zapatero y Griñán están muy pendientes" de defender a diario los intereses de Gibraltar, olvidándose de los intereses de los vecinos linenses”.
Críticas
Por su parte el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, ha pedido al alcalde linense que sea “comedido” en su intención de instaurar un peaje a los vehículos que pretendan entrar en Gibraltar porque se trata de medidas que deben ser “contrastadas” con la sociedad.
En declaraciones a los periodistas en Madrid, el también alcalde de Getafe dijo no conocer en profundidad el asunto pero abogó por “ser comedido” en lo que se refiere a implantar nuevas medidas fiscales. A su juicio, antes de poner en marcha un nuevo impuesto fiscal, éste requiere ser “muy discutido” con los vecinos y necesita que “los elementos positivos y negativos sean analizados para, a partir de ahí, decidir”.
Según el parlamentario andaluz de Izquierda Unida por la provincia de Cádiz, Ignacio García, el peaje de acceso a Gibraltar “lo único que va a hacer es dificultar las relaciones entre las comunidades de ambos lados de la Verja”, generando además un “efecto negativo para la economía local”, tanto para las trabajadoras y los trabajadores, como para las empresas locales.
Desde IU se señala que esta medida va en la dirección contraria “al deseado futuro de integración de ambas comunidades por encima de fronteras”, denunciando que esta medida no va a resolver los problemas de financiación del Ayuntamiento. En este sentido planteó que IU va a trabajar para que la Cámara de Cuentas de Andalucía y el Tribunal de Cuentas del Reino hagan un informe de fiscalización del Ayuntamiento.
Finalmente para la Secretaria General del PSOE de La Línea, Gemma Araujo, la “escalada de desaciertos y derivas” del alcalde ha subido un eslabón más tras la decisión del Ministerio de Fomento de reordenar el tráfico en la Aduana a través de la carretera nacional “y dejar a cero la posibilidad de implantar el, desgraciadamente, famoso peaje”. Para el PSOE local el revés más contundente lo ha recibido en el día de hoy (miércoles) de los Tribunales de Justicia.
Así, la suspensión cautelar de la instalación de las señales de tráfico implantadas por el Ayuntamiento, “es una llamada de atención por parte de esta instancia al alcalde para que se deje de estupideces”. La socialista se lamenta que a pesar de lo positivo del día de ayer, “lo que nadie ha podido evitar son las consecuencias negativas que para La Línea ha provocado el anuncio y la política de hostigamiento hacia la ciudad vecina”, creando “apatía y desconfianza entre gobiernos” y “dando un paso atrás en el impulso que se estaba dando a través del Foro de Diálogo”.
