La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha defendido este viernes la adjudicación de dos obras de emergencia a la empresa jerezana Construcciones y Obras Civiles Barbeal tras argumentar que supuso la mejor oferta pero alejada de la temeridad, es decir, por debajo del precio de licitación, mientras que el PSOE ha apreciado por el perfil de la empresa adjudicataria que "el silencio hace que la sombra de la sospecha vaya a más" y ha concluido que "hay algo turbio en esa contratación".
Durante una comparecencia parlamentaria en comisión, Díaz ha respondido a tres preguntas del Grupo Socialista sobre las adjudicaciones a Barbeal: dos específicas sobre obras de emergencia en la A390 entre Chiclana de la Frontera y Medina Sidonia y de la A480 entre Sanlúcar de Barrameda y Jerez, así como una tercera sobre la empresa en sí.
Tanto en el caso de la carretera A390 como de la A480 la consejera de Fomento ha desglosado las ofertas presentadas, que fueron siete y seis respectivamente, y entre las cuales figuraban empresas como Martín Casillas o Eiffage.
En el caso de la A390 Barbeal presentó una oferta de 1,18 millones de euros, importe que se situaba en la oferta media, mientras que la cifra que marcaba la temeridad era de 1,14 millones, mientras que en la A480 Barbeal optó a la licitación con una oferta de 2,89 millones (2.890.560,25 euros), la oferta media fue de 2,97 millones, y el valor que marcaba la temeridad era de los 2,89 millones (2.890.078,47 euros), según los datos que ha ofrecido Díaz.
La diputada socialista Isabel Ambrosio ha remarcado que Barbeal ha facturado 4,1 millones y que por ello se ha convertido en "la segunda empresa con mayor volumen de facturación con un 7% de los fondos" dentro de las 79 contrataciones de emergencia que ha hecho la Junta de Andalucía desde 2019.
Se ha cuestionado aspectos sobre "cómo logra ser contactada" después de apuntar que "no tenía ni sede" Barbeal, antes de preguntarse si la Consejería "tenía el teléfono" de la administradora de la empresa por cuanto "no estaba en el Registro de Licitadores de Empresas Constructoras", ya que su objeto social era tanto la restauración como la construcción de edificios, hechos que le he llevado a cuestionarse si "en la Consejería hay un listado B" de empresas para las adjudicaciones.
"Me gustaría que me dijera qué criterio es el que se ha tenido, el de la solvencia, el de la experiencia, además de las cuantías económicas", ha sostenido Ambrosio sobre la adjudicación, tras señalar la falta de trayectoria de la empresa en el sector y que, pese a ello, fue adjudicataria de "un contrato cuantioso".
"La memoria justificativa de estos dos contratos no están especialmente justificados y en ningún caso se admite la subcontratación", ha proclamado la parlamentaria socialista.
La consejera de Fomento ha sostenido que "le he dado todos los datos", por lo que ha defendido que "se ha dado cumplida respuesta de la información documental", mientras que ha planteado al Grupo Socialista de que "estamos a la espera de que concierte una cita para consultar" la documentación en la sede de la Consejería.
El también diputado socialista Víctor Torres ha cuestionado a Rocío Díaz por el perfil de la empresa en sí, mientras que ha planteado que su grupo "ha debido presentar un recurso de amparo a la Presidencia del Parlamento ante la documentación que no nos quieren facilitar".
Torres ha sostenido que la comparecencia parlamentaria obedece a que "estamos para conocer su visión política", antes de calificar que las adjudicaciones a Barbeal son "una cuestión desagradable por la herencia que ha recibido", convencido de que "le toca gestionar algo que no es de su responsabilidad directa", por cuanto responde a la gestión de su antecesora en el cargo, la futura alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y le ha advertido de que no rendir cuentas "usted será cómplice y cooperadora necesaria de algo que huele mal".
El diputado socialista ha esgrimido que "el Consejo de Gobierno también es participe" de la adjudicación a Barbeal después de apuntar que "tomó conocimiento" del procedimiento el 14 de marzo de 2023, aun cuando la adjudicación fue de 18 de enero y que entonces se señalaba que "no se podía subcontratar" las obras adjudicadas y se ha preguntado "cómo es posible que esta empresa lo haya hecho", para colegir que "esto huele mal", antes de señalar que el PP "es el único partido de España condenado por corrupción".
Rocío Díaz ha argumentado que las ofertas suelen oscilar entre 8 y 9 empresas, que "en el mismo correo se le comunican los criterios de adjudicación", entre los que ha mencionado el plazo de ejecución, que la baja por temeridad se sitúa en un 3% de la adjudicación, o que "el plazo de inicio de las obras es de una semana desde la adjudicación", para concluir que "se adjudica la obra a la oferta más barata no afectada por la temeridad".
"Me vuelvo a reiterar que el procedimiento ha sido legal, es lo único que le puedo decir", ha afirmado la consejera de Fomento, convencida de que "la polémica no nos llevaría a ningún lugar".
