La concentración celebrada en el día de hoy, a la que han asistido más de medio centenar de personas, tenía como objetivo mostrar el rechazo ante “la privatización del registro civil prevista para el 15 de julio del 2015, a partir de ese momento, un servicio que está en manos de la administración de justicia desde 1870, público y gratuito pasará a manos privadas siendo los registrados mercantiles los que asumirán esta función”.
En este sentido, Aquilino García, responsable de la Sección Sindical de CCOO en la Administración de Justicia, ha explicado que “de llevarse a cabo finalmente la privatización, las oficinas de registros civiles de los pueblos desaparecerán quedando única y exclusivamente las oficinas en las capitales”. En Huelva desaparecerán los 6 registros civiles principales y los 16 Registros Delegados (Juzgados de Paz), al igual que el servicio de Registro Civil que se prestan los Ayuntamientos.
Para García “esta medida no solo afectará al empleo de los funcionarios de Justicia sino que tendrá un efecto directo sobre el ciudadano ya que expedientes que son actualmente gratuitos como los de extranjería o matrimonio pasarán a tener un coste de unos 100 euros aproximadamente”.
Con esta concentración se pone en marcha la campaña de Iniciativa Legislativa Popular, que tiene como objeto conseguir 500.000 firmas, para que el proyecto de Ley se vuelva a debatir en el Congreso y “recuperar el consenso en la regulación del Registro Civil que hubo con la aprobación de la Ley 20/2011”. El pliego de firmas estará a disposición de los ciudadanos en cualquier juzgado de la provincia.
Esta Iniciativa Legislativa Popular se suma a otras acciones que el sindicato ha llevado a cabo, impulsando mociones y resoluciones de centenares de ayuntamientos, diputaciones y parlamentos autonómicos, implicando a los grupos parlamentarios de la oposición y partidos políticos, requiriendo a la Defensora de Pueblo para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, denunciando ante la Fiscalía General del Estado por adjudicación del “negocio” a miembros del Gobierno y familiares y amigos, denunciándolos también ante la Comisión de Conflictos e Intereses.
