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Gas Natural reclama a la Junta 358 millones por la suspensión del proyecto de gas

El proyecto gasístico promovido por Petroleum Oil & Gas España plantea 14 pozos de extracción de gas, 20 kilómetros de nuevos gasoductos y el almacenamiento subterráneo de hidrocarburos

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La compañía Gas Natural ha presentado una reclamación patrimonial contra la Junta de Andalucía por la suspensión del proyecto de extracción y almacenaje de gas en el subsuelo de Doñana, según han confirmado a Efe fuentes próximas a la empresa.

La reclamación se eleva a 358 millones de euros, según publica hoy El País, y se ha interpuesto después de que la administración autonómica haya supeditado la concesión de cualquier autorización en relación con este proyecto a la realización de una evaluación adicional.

El pasado julio se conocía esta decisión de la administración autonómica desde donde se entiende que el estudio de riesgos debe de hacerse con una mayor precisión al objeto de garantizar la no afección a un espacio natural como Doñana y ello a pesar de que el proyecto ya cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental favorable por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

El proyecto gasístico promovido por Petroleum Oil & Gas España, filial de Gas Natural-Fenosa, plantea 14 pozos de extracción de gas, 20 kilómetros de nuevos gasoductos y el almacenamiento subterráneo de hidrocarburos.

Desde el principio han sido numerosos los colectivos, principalmente ecologistas, que se han opuesto a este proyecto al entender que convertiría a Doñana en un "almacén de gas natural" con los riesgos que ello comporta.

Por su parte, WWF ha calificado hoy de "inaceptable" la postura de Gas Natural y ha reclamado al Gobierno andaluz que "no ceda al chantaje".

En declaraciones a Efe Juanjo Carmona,coordinador de la Oficina Técnica de WWF en Doñana, tras recordar que la organización tiene abierta una queja ante la Unión Europea en relación con este proyecto, ha indicado que "lo que pone sobre la mesa" Gas Natural con su actuación es "un chantaje a los ciudadanos y a la sociedad andaluza en su conjunto".

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