El alcalde de Almonte, José Antonio Domínguez (PP), ha defendido hoy la legalidad de su actuación en el caso de la empresa Aprovechamientos Industriales Doñana S.L. (Aproindo), por el que se encuentra imputado por un delito de prevaricación.
Aproindo es desde julio del 2003 adjudicataria de la gestión del servicio de eliminación de escombros y resto de obras para su reciclado, y recientemente el pleno ha acordado el inicio de un expediente de revisión de oficio de la nulidad de pleno derecho de los acuerdos adoptados por la Comisión de Gobierno durante la gestión del PSOE referentes a la adjudicación del servicio.
La empresa cree que el alcalde ha podido prevaricar al no admitir, por decreto, la recusación de dos concejales realizada por Aproindo para que no pudieran votar en pleno al tener una vinculación de índole personal con ésta.
Domínguez ha declarado esta mañana como imputado ante el Juzgado de Instrucción número 1 de La Palma del Condado y ha defendido que siempre actuó conforme a la legalidad, ya que dicha recusación fue presentada por la empresa "como maniobra dilatoria" y "la ley recoge que en estos casos se debe de rechazar", ha explicado a Efe el abogado del Ayuntamiento de Almonte, Estanislao Naranjo.
La empresa critica también que se rechazara la petición sin informe del secretario del Ayuntamiento, quien ha declarado hoy, en calidad de testigo.
Ahora habrá que esperar a que el juzgado decida cómo continúa el procedimiento, una vez oídos a Domínguez y el secretario del Ayuntamiento, y el pasado viernes, en calidad de perjudicados a los responsables de la empresa.
Desde Aproindo se sostiene que desde que el PP llegó al Gobierno municipal ha venido sufriendo por parte del alcalde una situación "injusta y que se ha venido materializando en un acoso y derribo".
Asegura que el Ayuntamiento mantiene una deuda con la empresa de 300.000 euros con la que "ha querido provocar la asfixia económica" y que tras intentos infructuosos de que se rebaje el canon anual por la prestación del servicio, la intención del Consistorio es rescatar la concesión, lo que implicaría la obligación del pago de una suma indemnizatoria.
Denuncia contra Bella
De otro lado, Domínguez ha interpuesto hoy una denuncia en el Juzgado de Instrucción de La Palma del Condado, contra el ex alcalde socialista Francisco Bella, por falsedad en documento público, prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude.
La denuncia está relacionada con la concesión de la Planta de Reciclaje de Escombros de la localidad y se extiende además a la actual secretaria general del PSOE en la localidad, Rocío Espinosa, y el empresario C.B.T., responsable de la empresa concesionaria Aproindo S.L.
En el escrito, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, se argumenta que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento presidida por Bella, formalizó el 1 de agosto en 240.404 euros la adjudicación a Aproindo del servicio de eliminación de escombros y restos de obras, y a final de ese mes se le dio carácter anual a este canon, con lo cual se multiplicó por quince el valor del contrato, hasta los 3,6 millones de euros.
En septiembre, el empresario pidió al Ayuntamiento una parcela de una extensión doble a la recogida en el pliego inicial (hasta un total de 60.400 metros cuadrados), y la ampliación del contrato de concesión de 15 a 30 años, para "mantener el equilibrio financiero de la inversión solicitada", lo que amplió el coste del contrato a los 7,2 millones de euros.
Las presuntas irregularidades continúan cuando en diciembre el empresario pregunta por las condiciones en las que puede empezar a cobrar el canon, y el secretario municipal le responde el mismo día que "desde que esté vallada la finca", pese a que en las bases le obligaban a tener en funcionamiento la planta.
El 29 de enero del 2004 -cinco meses después de la firma del contrato- Espinosa, entonces diputada de Medio Ambiente, indica en un escrito que "se ha incluido la construcción de la instalación en el Programa Operativo Local 2004", correspondiente a la Diputación de Huelva, concediéndose una subvención de 260.606 euros que llegó a Aproindo por "adjudicación directa, por procedimiento negociado sin publicidad, cuando debió ejecutarla de sus propios recursos".
Las presuntas anomalías siguieron a partir del 29 de junio del 2005, cuando el empresario pide por escrito al Ayuntamiento que se limite la cantidad de escombro que Aproindo debía entregar al Ayuntamiento a 8.000 toneladas por año no acumulables, algo que también se concedió y actualizar el canon de la concesión fijándolo en 47.740 euros mensuales, lo que supone un contrato por un total de 15,4 millones de euros.
Por otra parte, el informe del técnico de Medio Ambiente de 18 de octubre del 2007 certificó que Aproindo no ejecutó la gran mayoría de las mejoras a las que se había comprometido con la concesión.
