El grupo popular en la Diputación Provincial de Huelva ha registrado en la institución un escrito en el que solicita la convocatoria a la comisión formada por un representante de cada grupo político con representación en la cámara provincial --que se constituyó en 2012 para analizar el contrato del edificio del Hotel París en la Plaza de las Monjas por parte de la Diputación--, con el fin de valorar el último dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía sobre la legalidad de estos contratos.
En declaraciones a Europa Press la diputada popular Carmen Céspedes ha indicado que ese dictamen "debe ser visto en una reunión por todos los grupos políticos", después de que el PSOE haya asegurado que el informe avala "la legalidad" de los dos contratos de alquiler del Hotel París realizado por la institución provincial a las entidades Pablo Carrasco S.L. y Román de la Corte S.L. por un valor aproximado de siete millones de euros, y el PP señalara al día siguiente que el documento "dictamina en contra del primer contrato de arrendamiento del Hotel París al declararlo nulo de pleno derecho".
A su vez, el PP va a solicitar la revisión de oficio de los contratos de este espacio y que pasen por el próximo pleno, ya que, según ha explicado Céspedes, "los tribunales, por dos veces, y el Consejo Consultivo de Andalucía nos dan la razón en una lucha contra el mayor monumento al despilfarro de esta provincia y en una batalla en la que hemos estado solos".
En este sentido, Céspedes ha remarcado que "este asunto no está enterrado, como dice Caraballo, sino que está muy vivo", indicando además que, tal y como resuelve el Consultivo, "en el primero de estos contratos de arrendamiento, en el que se incluían unas obras de adaptación, se prescinde de todo procedimiento reglado y es equiparable a uno verbal".
Del mismo modo, ha recordado que el Hotel París "se alquiló bajo el mandato de Petronila Guerrero, pero no hay que olvidar que el actual presidente, Ignacio Caraballo, era vicepresidente y miembro de la Junta de Gobierno que aprobó esta aberración".
"Desde el PP no vamos a cejar en nuestra intención de esclarecer este asunto, porque el montante de esta operación es escandaloso, ya que se sacaron siete millones de euros del bolsillo de los ciudadanos para alquilar un edificio inservible, tan inservible que conseguimos cerrarlo", ha concluido.
