Este jueves se han celebrado distintas concentraciones en las sedes judiciales de la provincia en las que ha participado CSI-F, como fuerza mayoritaria en este sector, para mostrar nuevamente su rechazo a la privatización de los registros civiles.
Desde la Central Sindical se advierte que este proceso va a suponer el cobro, por lo menos, del 15% de la actividad del Registro Civil a pesar de que desde la Administración se ha insistido en que el cambio no iba a implicar coste alguno para los ciudadanos. Se llegó a decir que todo lo que era gratuito hasta ahora se seguiría manteniendo con la única excepción de los expedientes de matrimonio y la celebración de bodas -en manos de los notarios- que tendrían un coste igual o inferior a la tasa media que se cobra actualmente en los ayuntamientos. Sin embargo, CSI-F ha tenido constancia de que la privatización de los registros supondrá mayores costas para el usuario.
Por otra parte, el sindicato lamenta que el problema se esté viendo reducido a una pugna entre dos colectivos profesionales, registradores y notarios, y entre ellos y la Administración, mientras que las necesidades reales del Registro civil y las quejas de los ciudadanos poco tienen que ver con este asunto sino que se centran en el abandono al que se ha visto sometido este servicio desde hace años.
En este sentido, la Central Sindical afirma que “estas contradicciones no hacen sino confirmar que el plan real es convertir un servicio público en un negocio en manos de unos pocos". La reforma del Registro civil se inserta en una gran transformación de los registros públicos que los pondrá en manos de un colectivo de unos mil registradores de la Propiedad que “claramente salen ganando con el cambio”.
A pesar del debate sobre los registros y la puesta en marcha del proceso de privatización, a día de hoy CSI-F no ha recibido el borrador de la reforma “en un pésimo ejemplo de opacidad y oscurantismo” de la Administración de Justicia. Eso sí, los Registradores de la Propiedad ya se han reunido -y lo siguen haciendo con asiduidad- con el Ministerio para la elaboración de un proyecto que “será realizado a la medida de los deseos de los propios Registradores”, asegura la organización.
Por ello, el sindicato insiste en que para resolver el problema hace falta un debate serio sobre la falta de medios personales y materiales en el que participen los funcionarios de Justicia a los que hasta ahora han mantenido al margen en un proceso que les afecta directamente.
Por su parte, Marisa Fernández Santiago, Secretaria General de la FSP UGT Huelva, ha indicado que "el motivo de la concentración es denunciar la privatización del registro civil y defender al empleado público. La privatización del registro civil va a suponer una pérdida de empleo, que en nuestra provincia oscila de 20 a 30 puestos de trabajo, aunque en España estamos hablando de 3.000 puestos aproximadamente".
Además, la medida "afectará al resto de ciudadanos en cuanto que un servicio que hasta ahora ha sido público pasará a ser privado y consecuentemente habrá que abonar dinero para utilizarlo (registro de matrimonio, de empadronamiento, nacimiento etc.)", por lo que cree que "toda la ciudadanía debería de revelarse contra este atropello".
