La Audiencia Provincial de Huelva acoge a partir de mañana el juicio contra 13 personas por su presunta participación en una banda que ofrecía "seguridad total" a grupos de narcos que operaban en la costa onubense para introducir importantes cantidad de droga en España.
Está previsto que el juicio, en el que los acusados se enfrentarán a penas de cárcel que superan, en global, los cien años, se prolongue durante dos semanas.
La Fiscalía pide 21 años y nueve meses de cárcel para L.G.M, un mecánico de 36 años vecino de la localidad onubense de El Rompido, considerado el cabecilla de la banda, que fue desarticulada en febrero de 2011.
Para sus brazos derechos, F.G.H. e I.G.A., éste último vigilante de seguridad de las instalaciones de Vigilancia Aduanera en el Muelle del Tinto, solicita 12 años y 10 meses y 6 años de cárcel respectivamente.
En el banquillo también se sentarán J.L.A.B. y J.T.M., dos agentes de la Guardia Civil considerados miembros de la banda y que eran los que se encargaban de avisar sobre la actividad de la patrullera los días de los alijos planeados así como de colocar dispositivos de balizamiento en los vehículos patrullas con el objetivo de que estos estuvieran siempre localizados, que se enfrentan a 8 años y 10 meses y 6 años de cárcel respectivamente .
El último miembro de la organización, que fue desarticulada en febrero de 2011, es J.L.G.G. para el que se solicita 12 años y 10 meses de prisión.
A todos ellos los acusa, entre otros delitos, de asociación ilícita y los considera los responsables de facilitar que "llegaran a las costas españolas los alijos de hachís de otras organizaciones", llegando incluso a sabotear las instalaciones del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) en Lepe (Huelva).
También están acusados en este caso otras seis personas detenidas en el marco de distintos alijos abortados en las costas onubenses relacionados con esta organización, para cada uno de los cuales se pide 4 años de cárcel, salvo para uno que la petición de condena se incrementa hasta los cinco años y cinco meses.
La última persona acusada es M.T.M., pareja sentimental del cabecilla, para la que se solicita 4 años de prisión y 60.000 euros de multa por un delito de blanqueo de capitales.
