Doce entidades que conforman la Mesa Social del Agua de Andalucía han consensuado un documento con propuestas para que el acuerdo por Doñana firmado por el Gobierno central y la Junta de Andalucía alcance "legitimidad social", además de respetar la legislación que le sea de aplicación.
Estas entidades, según ha informado la Mesa Social del Agua en un comunicado, consideran que "lo que está pasando en Doñana es la punta del iceberg de fenómenos que se repiten en otras comarcas, en donde no habrá la misma lluvia de millones" y pretenden que "la solución adoptada no se convierta en una oportunidad perdida para una verdadera transición hídrica ecológica y justa".
Para paliar el conflicto social y político respecto a la utilización de los recursos hídricos de la comarca de Doñana se han concretado medidas excepcionales para resolver las tensiones ambientales, sociales y jurídicas en torno a la grave situación que se ha generado alrededor del Parque Nacional de Doñana y la utilización de su agua.
La Mesa Social del Agua considera que “se trata de un proceso que parte de la irregularidad de determinados usos del agua que pretende desembocar en una menor presión sobre el acuífero”, aliviando la situación de estrés hídrico y de los ecosistemas de Doñana, y de manera paralela los impactos económicos y sociales del territorio.
En el documento consensuado se recogen una serie de principios para poder alcanzar "la tan ansiada legitimidad social respetando la legislación que le sea aplicable y que esta sea una oportunidad para una verdadera transición ecológica y justa".
Estos principios establecen como objetivo primordial la protección ambiental y social, estableciendo un proceso de transparencia en el que las administraciones implicadas rindan cuentas sobre el mismo y teniendo en cuenta la participación social de todos los sectores.
Así, proponen una serie de medidas prioritarias en base al acuerdo firmado entre las administraciones, en las que creen indispensable la “retirada del cultivo, reforestación, retorno al secano o dedicación a la agricultura ecológica; modulación de las ayudas; que los usuarios ilegales del agua o del suelo no se beneficien de ayudas públicas; transparencia y participación pública; o la imprescindible elaboración del censo de explotaciones agrarias con situaciones anómalas en el uso del agua".
A estas se suman otras como "la mejora de las condiciones de vida y habitabilidad de vivienda de los temporeros; consolidación y aumento de explotaciones forestales; la gestión del ciclo urbano del agua en el sector turístico corrigiendo extracciones de agua del acuífero y depurando adecuadamente sus agua residuales; y supervisión y seguimiento de las medidas y los resultados”.
Según esta entidad, la regulación del uso de los recursos hídricos y su reestructuración productiva “conseguirá la legitimidad social y los objetivos ambientales que permitan resolver el conflicto a cuya resolución aboga el Acuerdo sobre Doñana entre ambas administraciones del pasado 27 de noviembre”.
